En declaración pública recordaron los crímenes perpetrados bajo aquel régimen de 1973 a 1985 que aplicó terrorismo de Estado, vinculado al Plan Cóndor de entonces, y “no dieron muestras del más mínimo arrepentimiento” por esos esos graves delitos.
Subrayaron además que “continúan negándose a revelar el paradero de las compañeras y compañeros, mantenidos el día de hoy, en condición de desaparecidos”, 197 en total.
En este sentido añadieron que Uruguay ratificó las disposiciones de la Convención Internacional para protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según las cuales ese crimen constituye un delito permanente y continuado.
La criticada propuesta legislativa consiste en pasar a recluidos en cárceles que cumplieron 65 años de edad a prisión domiciliaria, con el solo objetivo de beneficiar a 20 exmilitares sentenciados por la comisión de torturas, homicidios, y violaciones a prisioneros, entre otras causas.
El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, reconoció que esa es la real finalidad del proyecto y criticó que no se explicitara su verdadera razón.
La Asamblea Nacional de Derechos Humanos señala que “supone desvirtuar groseramente la extrema gravedad de los crímenes cometidos, así como la importancia del cumplimiento efectivo de las penas de prisión”, que generan “garantías de no repetición de tales delitos”.
Suscribieron la declaración la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical Pit-Cnt, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Asimismo lo hicieron la Asociación de expresos políticos Crysol, Colectivos contra toda la Ley de Urgente Consideración (LUC), Fundación Mario Benedetti y Coordinación por la Autodeterminación del Pueblo Haitiano y Memora en Libertad.
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