Creada por la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC) en julio de 2020, el Poder Ejecutivo le señaló inicialmente la fecha de diciembre del propio año para que emitiera un dictamen a elevar a las instancias de decisiones.
Pero diametrales diferencias entre el oficialismo junto al empresariado y representantes del opositor Frente Amplio, la central sindical Pit-Cnt y la asociación de jubilados dilataron el ejercicio final del CESS.
En esas tres últimas fuerzas se atribuyó la postergación a la contundente recolección de 800 mil firmas recogidas para someter a referendo revocatorio los 135 artículos más negativos de la LUC.
Autorizados referentes señalaron que el gobierno prefería dejar para después de la inminente consulta ciudadana la aprobación de medidas impopulares incluidas en su propuesta de reforma previsional.
Organizaciones sindicales y populares de Uruguay se manifestaron recientemente frente a la Torre Ejecutiva contra una reforma de seguridad social que calificaron de reaccionaria y que la resumieron en seis puntos críticos.
El primero de ellos consiste en la eliminación de las controvertidas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en el sistema general mixto, costoso para el país y lucrativos para entidades privadas.
También se oponen al aumento de la edad jubilatoria a 65 años, por inviable para ramas de trabajadores, entre cuales los del campo, mineros, portuarios y domésticos.
Las restantes demandas se centran en el financiamiento mediante el aumento de los aportes patronales, eliminación de exoneraciones al capital, y por una asistencia estatal con impuestos al capital y jubilaciones y pensiones, ajustadas a la canasta básica.
Una declaración de la Mesa de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio del 29 de octubre discrepó de recomendaciones oficialistas, «donde poco y nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, la solidaridad, elemento central de la seguridad social, además de evitar la pobreza”.
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