El llamado de la FGE se centra en las distintas instituciones del Estado, entre ellas el Consejo de la Judicatura para que los jueces, en lo penal y basados en el principio de celeridad procesal, prioricen las causas directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva.
En ese sentido, señaló que el 40 por ciento de las personas privadas de libertad en Ecuador se encontrarían sin sentencia.
Igualmente, la Fiscalía solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores impulsar, sin dilaciones, los procedimientos orientados a beneficios penitenciarios determinados en el Código Orgánico Integral Penal.
Al respecto, sugirió que esa tarea se cumpla en coordinación con los jueces de Garantías Penitenciarias y con prioridad en el desarrollo de las audiencias, en virtud de la crisis penitenciaria actual.
Finalmente, convocó a los agentes fiscales a escala nacional a proceder conforme lo determina la Constitución de la República del Ecuador y anteponer las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, en concordancia con los principios de necesidad y proporcionalidad recogidos por la Corte Constitucional.
El sistema carcelario de Ecuador vive una crisis desde 2019, cuando la gestión del expresidente Lenín Moreno estaba a la mitad, la cual se agudizó en los últimos meses, bajo la administración de Guillermo Lasso.
Sus momentos más álgidos fueron el pasado 28 de septiembre, cuando una masacre en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, dejó 119 muertos y casi 80 heridos, mientras que otra matanza en esa misma prisión la víspera, cobró 68 vidas, además de 25 reclusos lesionados.
El ejecutivo creó un comité emergente para atender la situación y desde la Secretaría de Comunicación informaron que el mandatario haría importantes anuncios, pero hasta el momento no ha hecho pronunciamientos públicos.
jha/scm
