Su portavoz Ignacio Errandonea lo calificó de inmoral, “pensando en nuestros hijos y nietos y que es aberrante sentar el precedente de que acá no pasa nada frente a los crímenes que cometieron”.
Al propio tiempo “ellos saben dónde están nuestros familiares y no lo dicen”, reiteró en conferencia de prensa en la sede parlamentaria.
La propuesta ingresó en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, formalmente argumentada en favor de transferir a encarcelados con 65 años cumplidos a prisión domiciliaria.
Pero el opositor Frente Amplio denunció que su verdadero objetivo es beneficiar a 20 exmilitares que cometieron graves delitos de lesa humanidad, lo que confirmó el diputado del CA, Eduardo Lust.
A su vez, el integrante de la Asociación de expresos políticos Crysol, Baldemar Tarocco, señaló que va en contra de la normativa internacional sobre derechos humanos, y ante crímenes sin amnistías.
Indicó que el instituto de la prisión domiciliaria ya existe en el Código Penal uruguayo y recordó los casos de tres connotados homicidas y torturadores y otros 14 imputados bajo ese estatuto por condiciones de salud.
La fuerza política de izquierda emplazó la semana pasada al presidente de la república, Luis Lacalle Pou, y al exmandatario y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, a rectificar o ratificar versiones de prensa de que hace un mes dieron el visto bueno al criticado proyecto que impulsa el líder de CA, el general retirado Guido Manini.
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