La Casa Blanca aplicó sanciones tras el triunfo en las urnas del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones del 7 de noviembre, la que le dieron al presidente constitucional Daniel Ortega un cuarto mandato.
Una declaración firmada por Biden sostiene que las acciones de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como las de otros funcionarios nicaragüenses, presuntamente «socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia» en el país centroamericano.
Ni Ortega, ni su esposa -y vicepresidenta-, Murillo, podrán venir a Estados Unidos al igual que otros funcionarios nicaragüenses, según la proclamación de Biden.
La declaración puntualizó que tampoco podrán viajar a la nación norteña como inmigrantes o no inmigrantes, todos los miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los electos alcaldes y vicealcaldes, además los secretarios políticos del FSLN que participaron en «graves abusos o violaciones de los derechos humanos».
La prohibición se extiende a funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación; así como los miembros de los ministerios, de agencias reguladoras y empresas paraestatales.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo la vispera en el Congreso que es necesario retirar el financiamiento externo al Gobierno de Managua, bajo el marco la Ley Renacer firmada por Biden la semana pasada.
La normativa estadounidense facilita la imposición de sanciones al ejecutivo de Ortega para restringir los préstamos de los bancos, lo que acrecienta el cerco comercial y financiero contra una de las naciones más pobres de la región.
Según analistas la reacción de la Casa Blanca reafirma el interés estadounidense de tratar de guiar el rumbo de los países de la región y es vista como parte de la “nueva” política de Biden hacia América Latina.
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