En carta conjunta se manifestaron contra “la sustitución de oficio de penas privativas de libertad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad»,
Los funcionarios internacionales reaccionaron contra la propuesta legislativa de los senadores de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y al pedido de reuniones con el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou por parte de colectivos de allegados a los presos.
Señalaron que de resultar aprobada la propuesta «permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, contrario al derecho internacional».
Los expertos aclaran que «las medidas de prevención adoptadas en el marco de la lucha contra la Covid-19 deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto».
Recordaron al Estado uruguayo que “impone límites al uso de figuras como la amnistía, el indulto y la conmutación de penas respecto de crímenes de lesa humanidad», todo lo cual sería vulnerado si se aprueba la iniciativa de Cabildo Abierto.
Los firmantes de la comunicación son los relatores sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
También los relatores sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
mem/hr
