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Profesores uruguayos cumplen paro contra recortes y persecución

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Montevideo, 19 nov (Prensa Latina) La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) de Uruguay concluyó hoy un paro de 24 horas contra recortes salariales con la perspectiva de una huelga por delante ante amenazas de despidos a docentes.
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En la medida adoptada, sus afiliados reclamaron una elección de horas lectivas con garantías, “porque sin docentes no hay reforma educativa”.

Distintas filiales se movilizaron a lo largo del país y en esta capital se concentraron en la explanada de la Universidad de la República y marcharon hacia la Torre Ejecutiva para exponer sus reclamos.

Allí recolectaron firmas contra la destitución de profesores del departamento San José por fotografiarse en 2019 en plena campaña electoral con la leyenda “No a la reforma”, en alusión a la campaña “Vivir sin miedo”, que promovía el entonces senador por el Partido Nacional Jorge Larrañaga, que a la postre perdió en referendo.

Fenapes resolvió ir a una huelga en San José y Montevideo si se concretan las expulsiones laborales a dos de los docentes recomendadas por la División Jurídica de la Dirección General de la Educación Secundaria (DGES) por acusaciones de proselitismo, a lo que añadió un tercero el 13 de noviembre pasado.

El integrante del Comité Ejecutivo del sindicato, Marcel Slamovitz anunció que de confirmarse esas medidas, habrá una huelga desde Artigas, en el extremo norte hasta Montevideo.

La gremial de profesores decidió la semana pasada denunciar la situación de los sumariados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el entendido de que el proceso de investigación administrativa es parte de una “arremetida antisindical” que la DGES lleva a cabo.

El diputado del oficialista Partido Colorado, Felipe Schipani, hizo de las licencias de días de permisos de docentes por actividades sindicales su principal preocupación legislativa hasta el punto de promover una comisión de estudio.

Para la también diputada Lilián Galán, del Frente Amplio, se trata de un tema a dirimir de forma administrativa y “no dentro del Palacio Legislativo” sobre cinco o seis docentes de 70 mil en educación secundaria en todo el país.

jha/hr

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