La cita intenta, además, construir rutas de exigibilidad integral de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas de violencia policial.
De acuerdo con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), las plataformas y organizaciones de derechos humanos documentan desde hace décadas el trato violento y hostil que la Policía Nacional ha dado a las personas en el ejercicio de sus funciones de control y gestión del espacio público, vigilancia y labores de seguridad.
También, la intervención sistemáticamente violenta contra quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta social pacífica.
«La arbitrariedad de la Policía Nacional se ha visto incrementada desde 2016 con la entrada en vigencia del Código de Policía, el cual le entregó amplios poderes para regular, intervenir y sancionar gran parte de las libertades ciudadanas”, enfatizó Movice.
Detalló que sólo entre 2017 y 2019 fueron capturados mil 733 policías por la comisión de diferentes delitos.
Esas dinámicas violentas contra la ciudadanía se incrementaron en la pandemia porque el Gobierno (tanto nacional como local) le entregó la gestión del espacio público a los funcionarios de policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, lo que trajo graves violaciones de derechos humanos, explicó.
«Solo en 2020 durante la pandemia se registraron 86 homicidios atribuidos a la Policía Nacional», actuación violenta que también se da en zonas rurales.
Señaló que este accionar dejó múltiples víctimas en sectores sociales históricamente excluidos como las grandes capas de colombianos empobrecidos, jóvenes, pueblos indígenas, campesinos, afrocolombianas, vendedores informales, migrantes, personas LGTBI, entre muchas otras.
Solo en el contexto del estallido social desde abril hasta julio del 2021, la Campaña Defender la libertad asunto de todas registró 87 homicidios de civiles, mil 905 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y civiles armados no identificados, y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron.
Frente a estas realidades, organizaciones y víctimas exigen dar cumplimiento a las recomendaciones de órganos internacionales para dotar de garantías a la protesta y se realicen investigaciones disciplinarias y judiciales para establecer las responsabilidades hasta el más alto nivel.
En este encuentro, insistirán en la importancia de una reforma integral a la Policía Nacional como garantía de no repetición y para ello impulsarán el diseño de políticas públicas y reformas legales sobre seguridad ciudadana y construcción de paz y garantías para los derechos humanos.
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