Una comunicación de la policía capitalina reportó la incautación de sustancias inflamables y otros materiales químicos escondidos en la tienda de un individuo al que investigan porque es considerado colaborador del TPLF.
Los productos, precisa el comunicado, estaban debajo de las mercancías básicas expendidas en el local, cuyo propietario, residente ahora en Arabia Saudita, está acusado de estar involucrado en una gran operación de lavado de dinero junto con líderes del grupo.
Además, dos personas fueron detenidas en la ciudad mientras transferían 13 millones de Birr (alrededor de un cuarto de millón de dólares), mediante el uso de una licencia de conducir emitida en Mekele, ciudad capital del estado regional de Tigray.
El envío iba dirigido desde la cuenta del dueño del permiso de conducción a la tarjeta de crédito de uno de los detenidos, quien tenía en su poder cheques, libros bancarios y otras tarjetas magnéticas.
Como resultado de operaciones conjuntas de la Policía Federal y los Servicios de Inteligencia y Seguridad, en el estado de Oromía también fueron interceptados cinco millones de Birr (alrededor de 105 mil dólares) destinados, supuestamente, a financiar un ataque terrorista.
De acuerdo con la División de Prevención del Delito de la Policía, el dinero circulaba de Shashemene, ubicada al sur de Addis Abeba, a Nensibot, pero fue confiscado en Kofele, punto intermedio entre ambas localidades.
Asimismo, apunta la fuente, arrestaron a sospechosos de pertenecer al Frente de Tigray y a Shene, uno de sus grupos aliados, con armamento suficiente para perpetrar masacres y destruir inmuebles.
Todas estas investigaciones continúan abiertas y, al mismo tiempo, hay muchas otras en curso acerca de actividades ilícitas identificadas en la capital y otras zonas del país, añade la notificación.
Recientemente, la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Federal reportó que impidió ataques organizados por los dos grupos en las regiones de Benshangul-Gumuz, Harari y Gambella, y en la ciudad especial de Dire Dawa.
Sobre ambos pesan acusaciones por varios delitos, el gobierno los considera una amenaza para la seguridad estatal y en mayo último la Cámara de Representantes del Pueblo (parlamento) los declaró organizaciones terroristas.
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