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Ministerio desmiente supuesto abuso contra empresas mineras en Perú

Lima, 21 nov (Prensa Latina) El Ministerio de Energía y Minas de Perú confirmó hoy que las empresas a cargo de cuatro minas cuyo cierre anunció la primera ministra, Mirtha Vásquez, presentaron con anterioridad los planes de clausura de sus operaciones.
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El citado organismo desvirtuó así la virulenta acusación contra Vásquez de atentar contra el Estado de derecho, usurpar funciones y atropellar a las empresas al anunciar el fin de esas operaciones de explotación minera sin notificarlas con anterioridad.

Un comunicado del ministerio remarcó así lo dicho por Vásquez, quien reiteró que el cierre estaba en marcha y ella solo lo hizo público, ante la afectación de la explotación minera que afecta a las cabeceras de cuenca, que alimentan a los ríos que abastecen a las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara.

El organismo indicó que la medida, que descarta cualquier extensión de las operaciones o alteración del proceso de cierre, se dio “en el marco del proceso regular establecido por normativa al plan de cierre de minas presentado por las respectivas empresas”.

Vásquez pactó con los dirigentes sociales de esas provincias que no habrá postergación del cronograma de cierre de las minas, presentado por las empresas y que culmina entre este año y 2025.

La reacción empresarial fue respaldada por la Confederación de Empresarios Privados, la empresarial Sociedad de Minería, Petróleo y Energía y recogida auspiciosamente por los medios de prensa neoliberales.

El ministerio de Energía y Minas, por otra parte, ratificó su enfoque “de acercamiento a las comunidades del entorno minero, la protección de las cuencas de agua, la preservación y la recuperación del medio ambiente”.

La primera ministra desmintió el alegato de las empresa afectadas, Apumayo, Sami y Compañía Minera Ares, de que los el cierre de operaciones es flexible y las empresas pueden decidir extenderlos hasta donde estimen conveniente.

“Vamos a dialogar, de ninguna manera queremos ahuyentar la actividad minera, ni asustar a los inversionistas, pero sí queremos que comprendan que este Gobierno va a cumplir su labor de fiscalización y control, como no se ha hecho antes”, añadió.

La mayoría de los conflictos sociales en Perú son los llamados socio-ambientales, generados por la afectación del entorno por las actividades extractivas, principalmente la minería.

rgh/mrs

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