El presidente Michel Aoun realiza contactos con jefes de partidos para asegurar la reanudación de las sesiones gubernamentales y resolver la crisis con Arabia Saudita y los países de la península Arábiga.
“Aoun se comunicó con Hizbulah en un intento por suavizar posturas y evitar el boicot de los ministros musulmanes chiitas a reuniones del gabinete”, precisa una nota de la oficina presidencial.
Los dos titulares de esa confesión religiosa declinan participar en protesta por lo que consideran politización de la pesquisa sobre la detonación de la terminal portuaria.
El juez investigador Tarek Bitar citó al exjefe de Gobierno Hassan Diab y a los exministros Nouad Machnouk (Interior), Ali Hassan Khalil (Finanzas) y Ghazi Zeaiter (Obras Públicas) para que declararan en el caso, pero todos se negaron e interpusieron demandas.
Las querellas forman parte de una campaña con la cual intentan evitar la salida a la luz de responsables de la tragedia, en la cual murieron más de 200 personas y resultaron heridas unas seis mil 500.
Los tres exministros acusaron al juez de parcialidad y de politizar el proceso.
De igual manera, el jefe de Estado trata de convencer al ministro de Información, George Kordahi, de que asista a la reunión del ejecutivo y presente su renuncia
Kordahi calificó de absurda la guerra en Yemen y opinó que los rebeldes hutíes se defienden de una agresión de una alianza militar encabezada por Arabia Saudita.
El reino del desierto respondió a esas declaraciones con la retirada de su embajador en Líbano, igual medida para el libanés en territorio saudita y suspendió todas las importaciones del llamado país de los cedros.
Entretanto, el parlamentario Mohammed Khawaja, del bloque de Desarrollo y Liberación, dijo que no hay nada nuevo sobre la solución a las crisis gubernamentales y diplomáticas, y describió los comentarios e informes al respecto como comidilla mediática.
Fuentes sin identificar declararon al canal al-Jadeed que los ministros chiitas, de Hizbulah y movimiento Amal, seguirán sin asistir a las sesiones del Gobierno.
Ellos recaban que el Parlamento sancione una ley que prohíba procesar a los exmandatarios en el fuero judicial y que cualquier enjuiciamiento debe ser en uno extraordinario elegido por los diputados.
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