Desde el año 2016, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno del expesidente Juan Manuel Santos firmaron el pacto, hasta la fecha, mil 270 líderes sociales y más de 300 excombatientes fueron asesinados, de acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En declaraciones a Prensa Latina, el exguerrillero Rodrido Granda aseguró que «los grupos paramilitares fueron desmantelados, hay todavía agentes del Estado, altos miembros del Ejército y la Policía, por fortuna muy pocos, que están involucrados con las estructuras paramilitares que siguen ejerciendo».
Hay otras formas de violencia que están apareciendo y en ese sentido lo preocupante es que esos crímenes se dirigen contra dirigentes de movimientos sociales y antiguos integrantes de las extintas FARC-EP, enfatizó.
En opinión de Granda, hay una especie de centro único de actividades para provocar la desestabilización de este país.
Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, también de Comunes, aseguró a Prensa Latina en reciente enttrevista, que el asesinato sistemático de exguerrilleros (hasta la fecha de unos 300, 10 de ellos mujeres) es una de las dificultades para la completa implementación del Acuerdo de Paz.
«No tenemos garantías de vida, al Gobierno le quedó grande la implementación del Acuerdo y al lado nuestro asesinan también a líderes sociales, a defensores, de la tierra, del ambiente, de los derechos humanos», afirmó.
Los exterminan, expresó, porque firmaron el pacto, porque están en los territorios acompañando a las comunidades, sumándose a sus luchas reivindicatorias y sociales.
«Nos asesinan cortándonos los sueños de un país mejor», enfatizó la ahora congresista, quien ingresó en las FARC-EP en 1981 como enfermera de combate.
Coincidió con Granda en que esos asesinatos ocurren en los territorios de esta nación copados por grupos armados, organizados, del narcotráfico, y paramilitares, donde la defensa de esas zonas por la comunidad y exguerrilleros reinsertados, choca con esas estructuras.
La gran mayoría de los colombianos celebran hoy el fin del conflicto armado y el nacimiento del Acuerdo, sin embargo, continúan exigiendo al gobierno de Iván Duque su implementación integral y, además, que desarticule, por la vía pacífica ese pacto histórico en el que aún queda asuntos pendientes.
Entre ellos, que la paz llegue a todas las regiones del país, particularmente donde aumenta el desplazamiento y los asesinatos, que la presencia del Estado en los territorios sea integral y que se aplique la reforma rural, tal como señala el convenio.
Además, es urgente la garantía para la seguridad, la sostenibilidad de proyectos productivos, el diálogo constructivo entre las partes, el seguimiento a la implementación y trabajar por la reconciliación.
Las negociaciones y diálogos entre el gobierno de Santos y las FARC-EP tuvieron lugar en La Habana, Cuba, país que, junto a Noruega, fungió como garante, en tanto Chile y Venezuela fueron naciones acompañantes y concluyeron en 2016 con el pacto que puso fin al conflicto armado más vetusto de Latinoamérica.
Fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre de ese año, pero debía refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos votarían Sí o No.
Tras una fuerte campaña de sectores derechistas, el No se impuso, las partes tuvieron que renegociarlo y acordaron un nuevo texto que fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes, y el 24 de noviembre fue rubricado.
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