El manifiesto difundido por la organización política en sus redes sociales, advirtió el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como responsables del respeto a la voluntad popular, la seguridad de todo el proceso electoral y la protección al derecho del pueblo.
A su vez, refirió el documento, los ciudadanos tienen la responsabilidad de combatir y denunciar cualquier intento de interrupción del ejercicio del sufragio, los escrutinios públicos, la transmisión de los resultados preliminares, el cómputo definitivo y todas aquellas acciones que generen riesgos a la seguridad.
De acuerdo con la Carta Magna y la Ley Electoral, el domingo 28 de noviembre, tres horas después de cerradas las urnas, el CNE debe informar en sesión pública los primeros informes, tras el conteo de las actas de las Juntas Receptoras de Votos, mediante el Sistema de Transmisión.
“Rechazo y condeno con vehemencia las prácticas coercitivas y de intimidación, así como, la campaña de odio y la sucia propaganda política pagada a los medios de comunicación en contra nuestra, con un lenguaje violento y discriminatorio, antes y durante toda la campaña”, afirmó la aspirante presidencial.
Asimismo, solicitó con urgencia que la Fiscalía General del Estado asigne fiscales electorales en los centros de votación y el acompañamiento de la Representación de la Organización de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras.
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