“Saludamos a la primera ministra por haber escuchado los intereses de la población y haber prometido defenderlos frente a posibles ampliaciones” de los permisos de operación de las minas, afirmó en una declaración pública.
Exhortó al Gobierno y al Parlamento a establecer mecanismos para que la población en el futuro sea escuchada y tomada en cuenta, de manera obligatoria, en los procesos de otorgamiento de derechos, autorizaciones o ampliaciones mineras.
“No estamos en contra de la minería, pero creemos que debe conciliar sus intereses con los intereses de la población afectada”, agregó.
El obispo de la jurisdicción de Caravelí, que abarca a las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, afectadas por las controvertidas minas, llamó a los medios de prensa a hacer verdadero periodismo de investigación sobre el tema.
“No basta solo escuchar y publicar la versión de los empresarios mineros, hay que escuchar también las razones de los agricultores y no descalificarlos como vándalos”, advirtió en referencia a la línea informativa de la mayoría de los medios locales.
Monseñor Nann se preguntó qué políticos y empresarios de la información tendrán acciones en las empresas mineras cuestionadas.
Tras recordar que el papa Francisco llama a “escuchar los gritos de los pobres y de la tierra” expresó el deseo de que la política y los empresarios mineros puedan lograr un futuro sostenible para las futuras generaciones.
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