La cifra parece seguir la tendencia de los últimos años, aunque en la fecha actual aumentó exponencialmente ya que el número más alto correspondía a 2020 con 48 decesos, seguidos por 2019 cuando sumaron 44.
De las 70 muertes registradas, 17 fueron homicidios, 13 suicidios, 10 catalogadas como “dudosas” y 30 por causas “naturales”.
La letal estadística representa un incremento de 46 por ciento con respecto al año anterior y de 59 en comparación con 2019, al tiempo que la población privada de libertad aumentó en un 10 por ciento y alcanzó los 14 mil presos, otra cifra récord, según datos oficiales, divulgados por el citado medio.
Tal fuente reportó en junio pasado hacinamiento crítico en cárceles, en un pico máximo del 133,4 por ciento desde 2013, y solo en la Unidad penitenciaria del departamento Salto, la desproporción es del 319 por ciento, la más crítica del país.
Hace dos meses el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista (PS) criticó el caso de un recluso secuestrado por otros durante casi dos meses y sometido a tratos crueles y degradantes, mientras se encontraba en una penitenciaría bajo la custodia de las autoridades.
Para el PS la Ley de Urgente Consideración (LUC) contribuye a su vez a la saturación del sistema penitenciario «y, por ende, a la violencia institucional sistemática a la que es sometida la población privada de libertad, que encuentra como primer y única solución el encierro despiadado».
Una parte de los 135 artículos de la LUC, que serán sometidos a referendo revocatorio, están dedicados al aumento de penalizaciones hasta en delitos menores con más encarcelamientos sin otras alternativas correctivas, que repletan cárceles carentes
de recursos necesarios.
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