De acuerdo con la Cancillería, la piscifactoría fue desplegada en las islas Chafarinas, de soberanía española, un hecho que tensiona aún más las delicadas relaciones entre los dos países.
El pasado mes de mayo se desató una crisis entre Rabat y Madrid por la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España, tema que a la larga le costó el puesto a la entonces canciller Arancha González.
Aunque el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prometió en septiembre último que se reuniría con su homólogo marroquí, el encuentro todavía no tiene fecha ni lugar.
El diferendo actual tiene varios alcances, el más grave es que el Gobierno de Marruecos no reconoce la españolidad del pequeño archipiélago de Chafarinas y por tanto otorgó los permisos a una empresa de la nación árabe para la factoría.
De momento, la administración de España adelanta las sanciones que impondrá a una firma de Tarragona, responsable del traslado e instalación de las jaulas, que fueron colocadas junto a la costa suroeste del archipiélago español.
Los ministerios de Defensa, Medioambiente, Agricultura y Transportes están involucrados en la demanda a la empresa de Tarragona, mientras Exteriores es el encargado de canalizar la protesta verbal a Marruecos.
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