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Sudán y el cuestionado golpe de Estado

La Habana (Prensa Latina) Desde que estamentos militares dieron un golpe de Estado en Sudán el pasado 25 de octubre, el país deviene torbellino de manifestaciones cívicas en las cuales exigen que los uniformados devuelvan el poder a un gobierno civil.
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Como consecuencia de la represión policial, en las filas de los movilizados hubo hasta la fecha 40 muertos, según el Comité Central de Médicos, organización que junto a la Asociación de Profesionales Sudaneses y las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC), demanda se restituya la Constitución y cese el estado de emergencia.

De acuerdo con comités de resistencia locales, tales protestas ocurridas en Jartum, la capital del país, y localidades cercanas como Omdurmán y Bahri, proseguirán en esos y otros territorios como forma de ejercer presión contra el poder militar y por la liberación de los presos políticos.

El ambiente social se mantiene caldeado, pese a que el líder de la asonada y actual presidente del gobernante Consejo Militar de Transición (CMT), general Abdel Fatah Al-Burhan, prometió que, como parte del compromiso del Ejército, en julio de 2023 se realizarán elecciones para instaurar un Ejecutivo civil.

Vale decir que el propio Al-Burhan intentó en reiteradas ocasiones justificar el golpe de Estado al referir que fue necesario como proceso correctivo ante contradicciones existentes entre diversas fuerzas en la arena política y la existencia de injerencia extranjera, según la Agencia de Noticias Suna.

Alegó, además, que el componente civil en el CMT transgredió la declaración constitucional suscrita el 17 de agosto de 2019, al nombrar políticos en el hoy extinto Gabinete de poder compartido entre uniformados y civiles.

Por su parte, los líderes de la coalición FFC, que incluye al grupo del Consejo Central, el Partido Nacional Umma y el Frente Revolucionario Sudanés, reiteraron su desacuerdo con los militares en cuanto a enfoques en la reforma del sector de seguridad. También eran evidentes los encontronazos entre ambos bandos, en cuanto a la entrega a la Corte Penal Internacional del depuesto presidente Omar Hasán Al-Bashir (1993-2019), acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en la occidental región de Darfur.

Figura además la no satisfecha demanda de la FFC y otras entidades cívicas de que sean juzgados integrantes de las fuerzas de seguridad por el sangriento ataque en Jartum a una sentada prodemocrática en junio de 2019, así como que se les concedan más derechos a las mujeres.

Como espaldarazo al reclamo de las fuerzas cívicas ante el aumento de la represión policial, recientemente organizaciones como la Unión Europea (UE) y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidieron el cese de violentas acciones contra los movilizados por las gobernantes autoridades militares.

A través de un reciente comunicado, el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió, por otro lado, que de no restablecerse de forma inmediata el orden constitucional en Sudán, podría afectarse por el organismo comunitario el apoyo, incluso financiero, a ese país.

Poco después de la asonada, la Unión Africana, conformada por 55 países, suspendió la participación de este Estado de las actividades del organismo hasta la restauración de la autoridad de transición civil.

INTERESES DE ESTADOS UNIDOS

Para preservar los intereses de entidades norteamericanas en Sudán, representantes del gobierno de Estados Unidos expresaron en diversas tribunas la necesidad de que vuelva a la normalidad la situación política y social en Sudán, tras el golpe de Estado.

En medio de ese complejo escenario, funcionarios de Washington, que congeló la entrega este año de 700 millones de dólares a las autoridades de Jartum tras la nueva asonada militar, reiteraron su pedido a la impuesta junta castrense que retome el poder el depuesto primer ministro, Abdalá Hamdok.

Como muestra de que Estados Unidos se propone mover los hilos de la política y la economía de Jartum, durante una reciente gira por países africanos -que abarcó a Kenya, Nigeria y Senegal-, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, insistió en que resulta necesario “preservar la democracia y la inclusión en sociedades con divisiones étnicas y políticas”, al aludir a los casos de Sudán y otros países.

Bajo el alegado propósito de que el período de transición sudanés tenga éxito, también el pasado 16 de noviembre la subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos Africanos, Molly Phee, sostuvo un encuentro con el líder militar Al-Burhan y con el defenestrado primer ministro Hamdok.

Sin ofrecer más detalles, la alta funcionaria del país norteño afirmó que el objetivo de las reuniones con ambas personalidades era discutir formas de hacer avanzar dicha transición. No resulta ocioso recordar que Sudán, país del que se desgajó territorialmente en 2011 el actual Sudán del Sur, posee cuantiosas riquezas minerales como oro y petróleo, que siempre ambicionaron países occidentales, entre ellos Estados Unidos, los cuales intentan contrarrestar la influencia de China en ese continente.

NUEVO CONSEJO SOBERANO

Tras la asonada por la Junta Militar el ministro de Información, Hamza Ballol, leal a Hamdok, consideró como otras personalidades sudanesas, que el nuevo Consejo Soberano designado por Al-Burhan es una prolongación de las medidas golpistas iniciadas el 25 de octubre último.

Ballol se refería en ese sentido a que Al-Burhan, además de ponerse al frente del CMT y excluir del gobierno a los integrantes del anterior Ejecutivo provisional de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio, nombró en su séquito el pasado 11 de noviembre a cuatro integrantes del Ejército.

Figuran en el flamante cuerpo gubernamental, junto a Mohamed Hamdan Daglo (vicepresidente), los miembros Shams al-Din Kabbashi Ibrahim, Yasir Abdel-Rahman Hassan al-Atta, e Ibrahim Jabir Ibrahim.

También, entre otros, integran la plantilla los líderes de grupos armados que se unieron al Consejo Soberano tras el Acuerdo de Paz de Juba, Sudan del Sur, suscrito en octubre de 2011, entre ellos Malik Agar, máximo representante del Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte.

Aunque un grupo de mediadores sudaneses anunció que en este territorio se alcanzó un acuerdo entre el componente militar y Hamdok para que éste vuelva a desempeñar el cargo de primer ministro, aún está por ver cuando concluye la actual crisis política en Sudán.

De momento, aunque organizaciones como la UA saludaron que se lograra el sorpresivo convenio, organizaciones como la FFC rechazaron ese pacto entre uniformados y Hamdok por considerar que reafirma en el poder al gobierno golpista militar.

Este país del noreste de África, como los estados Chad, Mali y Guinea, en los últimos tiempos resultó afectado por golpes de Estado, ocurridos en medio de recurrentes crisis económica, marcadas por la pandemia de Covid-19, el desempleo y un elevado índice de pobreza social.

Con obstáculos de orden político y económico que vencer, las autoridades transitorias sudanesas tienen el reto de afianzar cambios en diversas áreas para que este territorio, con una deteriorada base productiva por años de guerra, pueda recuperarse, consolidar la paz y realizar los proyectados comicios.

arb/obf

(*) Periodista de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina

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