Según estas agrupaciones, los procesos judiciales se llevaron a cabo en secreto, mientras que las reglas de prueba y procedimiento aplicables en los tribunales civiles no se aplican a los tribunales militares.
Estos tribunales dictaron sentencia el martes, y condenaron a otras 29 personas a cadena perpetua por sucesos ocurridos en julio y agosto.
Los condenados por esta vía solo pueden apelar ante el general mayor Min Aung Hlaing, líder del Golpe, para que revoque la decisión dentro de los 15 días posteriores a la sentencia.
Entre quienes recibieron la pena capital se encuentran personas acusadas de matar a dos administradores locales designados por el régimen en el municipio de Dagon del sur, así como a un presunto informante militar y un administrador de distrito y su conductor en el municipio de Dagon Seikkan, ambos pertenecientes a Yangon (centro).
En tanto, entre los condenados a cadena perpetua se encontraban jóvenes acusados de recibir entrenamiento militar en zonas controladas por ejércitos étnicos.
También fueron condenadas a cadena perpetua ciudadanos acusados de hacer donaciones a las Fuerzas de Defensa del Pueblo y al Gobierno de Unidad Nacional paralelo.
Igualmente se dictaron sentencias mortales a manifestantes contra el régimen en los municipios que actualmente se encuentran bajo la ley marcial.
Hasta finales de octubre, la junta había condenado a muerte a 65 personas, incluidas dos menores de 18 años, según el grupo de derechos humanos Asociación de Asistencia a Presos Políticos.
De ellos, 39 fueron juzgados en su ausencia y la administración de facto emitió órdenes de arresto en su contra.
Medios de prensa recordaron que en Myanmar no se aplica la pena de muerte desde 1988.
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