Representantes del gremio destacaron «un incremento en la violación de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones realizadas por efectivos de la Policía”.
En una presentación en el parlamento citaron allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones y “violencia inusitada” en hogares.
Joaquin Gambia y Victoria Pereira, presidente y secretaria, respectivamente, del gremio, brindaron un informe detallado a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores.
También lo transmitieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, lo pusieron en conocimiento del juez de control de detención, en calidad de denuncia.
Según Gambia “costó mucho acceder a este relevamiento” porque los defensores no tienen obligación de informar a la SCJ sobre esas 85 situaciones, lo cual ”no significa que solo sea esa cantidad”·.
mgt/hr
