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Quejas legales dificultan pesquisa por explosión en Líbano

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Beirut, 26 nov (Prensa Latina) Quejas legales dificultan hoy la continuidad de la pesquisa por la explosión en el principal puerto de Líbano, mientras familiares de las víctimas de ese desastre exigen la reanudación del proceso investigativo.
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Una manifestación frente al Palacio de Justicia condenó lo que llaman obstrucciones intencionales de la investigación y expresó en un mensaje: “Estamos hartos de esperar”.

A principios de este mes, la investigación sobre el siniestro del 4 de agosto de 2020 dirigida por el juez Tarek Bitar quedó suspendida por tercera vez ante una avalancha de desafíos legales.

La suspensión entró en una cuarta semana, la más larga desde que Bitar tomó el caso en febrero, en sustitución de su antecesor fuera destituido mediante una orden judicial.

En un comunicado difundido hoy, las familias de las víctimas calificaron de sorprendentes y vergonzosos los repetidos impedimentos y que los llamados a las interpelaciones ahogaron el caso en una compleja red política y judicial.

El proceso investigativo reanudado por Bitar enfrentó al menos 15 demandas, cada una de las cuales cuestionó el curso de la pesquisa al describirlo de parcial y politizado.

Dentro del atolladero legal hay críticas a funcionarios de alto nivel, acusados de negligencia por el mal almacenaje de las casi tres mil toneladas de nitrato de amonio, causantes del desastre.

Ese material explosivo utilizado en fertilizantes estuvo durante años en el puerto capitalino y detonó para originar la peor catástrofe en Líbano en tiempos de paz.

Como resultado del siniestro, murieron unas 215 personas, seis mil 500 resultaron heridas y quedaron destruidas de manera parcial o total las casas de 300 mil.

Bitar citó a una docena de funcionarios, entre ellos el ex primer ministro Hassan Diab y los extitulares de las carteras del Interior, Nouhad Machnouk; de Finanzas, Ali Hassan Khalil, y de Obras Públicas, Ghazi Zeaiter, pero todos se negaron e interpusieron demandas.

Ellos alegaron que los protege la inmunidad parlamentaria o profesional contra los interrogatorios del poder judicial y que solo una comisión designada por los diputados pudiera procesarlos.

La investigación mantiene paralizado al Gobierno, tras el boicot a sesiones de ministros aliados de Hizbulah y del partido movimiento Amal que exigen la destitución del juez.

jha/arc

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