Sin periodismo no hay democracia, fue el documento de más de 100 firmas que acompañó la manifestación pacífica hasta Casa Presidencial con el propósito de visibilizar las constantes violaciones a la libre expresión en el segundo año de Gobierno de Alejandro Giammattei.
Desde una Presidencia que irrespeta a la prensa, un Ministerio Público que en sintonía con el Organismo Judicial fabrica casos y no investiga abusos contra periodistas, hasta oficinas de información pública obligadas a fomentar una cultura de transparencia que optan por convertirse en la primera barrera de censura, expusieron en el llamamiento.
En este día especial y con la etiqueta en redes sociales #NoNosCallarán, señalaron, también, a oficinas de comunicación social detrás de campañas de descrédito contra reporteros por cuestionar su función, o el acoso a periodistas por su condición de género.
El listado incluye intimidaciones a reporteros que suben de tono hasta llegar a ataques a su integridad física y su familia, una situación agudizada en los departamentos, donde son criminalizados por las autoridades locales, fiscales y jueces.
«Gracias a la prensa, la sociedad conoce el uso que se le da a los impuestos, los abusos de los diputados, la existencia de una obra sobrevalorada y defectuosa», alerta el texto, con un llamado especial a la población a que actúe y respalde porque «un día sin información fiable, puede ser un día de oscuridad para el país».
En esta fecha especial, también la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentó su informe anual titulado «El Estado contra la Prensa», el cual corrobora el deterioro de la seguridad y las garantías para el ejercicio de la profesión.
Del 1 al 31 de octubre, se registraron 116 casos de ataques y restricciones de distinta índole contra medios de comunicación y periodistas, una cifra apenas menor a la reportada en el mismo período del 2020, cuando se contabilizaron 124, detalló la APG.
A su juicio, las autoridades estatales son las principales responsables de este incremento alarmante, pues el Observatorio de los Periodistas identificó 45 actos en los que están involucrados funcionarios y empleados de la Presidencia, el Congreso, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
A estos hechos, advirtieron, se suma una fuerte campaña de acoso y difamación en plataformas digitales junto a ataques a portales de órganos de prensa, sentencias condenatorias a comunicadores por casos prefabricados o la imposición de exorbitantes multas económicas.
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