Reunido en esta capital con la asistencia de unos 200 líderes políticos, entre ellos cinco expresidentes y representantes de 19 países del continente, el grupo debatió la víspera sobre los retos políticos, económicos y sociales a enfrentar en el futuro inmediato.
También pasaron revista a los principales acontecimientos políticos que durante la última década coartaron el avance de los proyectos progresistas y de izquierda como los golpes de Estado contra los gobiernos de Juan Manuel Zelaya en Honduras (2009), y Evo Morales en Bolivia (2019).
En esa línea trataron los juicios políticos que con evidentes propósitos desestabilizadores sacaron del poder a los expresidentes Fernando Lugo, de Paraguay /2012), y Dilma Rousseff, de Brasil (2016).
Por otra parte está la persecución judicial (lawfare en inglés) como método para impedir a líderes y fuerzas de izquierda llevar adelante sus proyectos políticos, vía empleada además para romper órdenes institucionales y desconocer la voluntad de las mayorías.
Esa fue el caso de los exmandatarios y aspirantes a cargos públicos Rafael Correa y Lula da Silva, en Ecuador y Brasil, respectivamente, inhabilitados políticamente para evitar su victoria en las urnas y así dejar libre el camino a los candidatos de derecha.
Otro punto fue el reconocimiento a las importantes victorias electorales de las fuerzas progresistas, y la necesidad de crear y articular estrategias que contribuyan a la consolidación de estos gobiernos.
De esa manera estarían en mejor posición para enfrentar retos comunes para todos los países latinoamericanos como la pobreza y la desigualdad en una de las regiones más ricas del planeta.
El VII Encuentro del Grupo de Puebla concluye hoy y se espera que durante el transcurso de la jornada emitan una declaración en la que recojan los puntos más importantes discutidos y las proyecciones futuras de trabajo.
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