Así lo reconocieron, pese al impacto mediático de reuniones bajo sospecha del mandatario fuera del palacio de gobierno, analistas cercanos a posiciones neoliberales que no simpatizan con el gobernante.
En una entrevista del neoliberal Mario Ghibellini a los analistas José Requena y Omar Awapara, los tres coincidieron en que el nuevo factor usado para acusar a Castillo de corrupción solo ha podido dar los votos que las bancadas parlamentarias requerían para que su moción de vacancia sea debatida, el 7 de diciembre.
Ghibellini reconoció que ni el más optimista de los partidarios de la salida de Castillo podría creer en la posibilidad de que la moción reciba, tras el debate de fondo, el apoyo de 87 congresistas (de un total de 130) que necesitan para defenestrar al maestro rural.
Awapara coincidió con sus interlocutores en que los promotores de la vacancia alcanzarán como un triunfo los 52 votos necesarios para que la moción sea debatida.
Para Requena, esa causa enfrenta como obstáculos su carencia de apoyo popular, verificada por el fracaso de una marcha contra Castillo promovida por la derecha extrema, el sábado último.
Los analistas coincidieron además en señalar incoherencias en la sustentación de la moción de vacancia “por incapacidad moral para gobernar”.
Requena citó en tal sentido el argumento que acusa a Castillo de cuestionar la designación de ministros supuestamente incapaces o ligados al terrorismo, pero avalados por el pleno parlamentario que les otorgó su confianza ratificatoria.
Por su parte la conservadora comentarista Rosa María Palacios dijo que mientras los partidos de extrema derecha Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País insistan en el afán de capitalizar la vacancia, más lejos estará la posibilidad de lograrla.
Al referirse a la impopularidad del Parlamento (con 75 por ciento de desaprobación, según una reciente encuesta) recordó que el rechazo a la promoción del titular del Congreso, Manuel Merino, tras la vacancia de Martín Vizcarra, en noviembre de 2020 provocó grandes protestas que obligaron a renunciar al personaje.
Según el ministro de Justicia, Aníbal Torres, los golpistas de entonces buscan otra vez imponer un gobierno totalitario y utilizan la vacancia como juicio político, “para repetir el golpe de Estado del 2020 y sus conocidas consecuencias”.
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