Muy tempranamente, en febrero, estalló la primera gran protesta social tras un informe parlamentario que evidenció abusos y maltratos a los que fueron expuestos menores en hogares de acogida bajo supervisión estatal, creados para proteger a quienes viven en estado de vulnerabilidad.
Constituido un escándalo que trascendió las fronteras nacionales, obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su “profunda preocupación” por las denuncias, instar a las autoridades a una rápida investigación y recordar que los infantes en los albergues están bajo “protección especial del Estado”.
Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo cual fue varias veces recomendado por el Comité de los Derechos del Niño, al tiempo que “emplazó” al Gobierno a proceder con “carácter de urgencia” en el sistema de protección a los más jóvenes.
Sin embargo, aún ningún culpable o responsable de los hechos que estremecieron al país por su crudeza respondió por esos actos, de ahí que los panameños reiteren la frase: “la justicia tardía no es justicia”, además de especular si detrás de todo habrá algún “pez gordo”.
Otro suceso que generó una ola de críticas fue el veredicto unánime de tres magistradas, las cuales absolvieron al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de los cargos que pesaban sobre él en el caso de espionaje telefónico, después de argucias legales y dilaciones de sus abogados para retrasar el proceso.
“Esta decisión deja a los panameños en completa vulnerabilidad frente a la defensa, por parte del Estado, de su derecho a la privacidad en su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre”, escribió en Twitter el exdiputado José Luis Varela, una de las víctimas de las escuchas ilegales desde el Consejo de Seguridad Nacional entre 2012 y 2014.
PANDORA PAPERS
Y en medio de este escándalo, una reciente investigación periodística bautizada Pandora Papers (Papeles de Pandora), destapó de forma selectiva el mundo opaco de las sociedades de papel y su utilidad para esconder fortunas.
Otra vez Panamá estuvo en el ojo del huracán bajo el peligro de continuar con el estigma de “paraíso fiscal”, mientras las revelaciones apuntaron con fuerza a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) como la operadora de la mayor parte de los registros revelados, tras la filtración de 11,9 millones de documentos.
Ante estas realidades, el alto costo de la vida y la corrupción, las protestas en el país centroamericano subieron de tono y actores diferentes inundaron calles y plazas con reclamos que coinciden en ataques al Gobierno, al Legislativo y a los partidos políticos.
DESAPROBACIONES Y CONFLICTOS
Una de las mayores manifestaciones callejeras de la nación en la última década, según observadores, trajeron de regreso este 2021 a la Cruzada Civilista, aquella que aglutinó a la oligarquía local contra los militares panameños y pidió la invasión militar de Estados Unidos en 1989.
La convocatoria hecha por los envejecidos líderes del movimiento, quienes son parte de gremios empresariales y familias acomodadas, colmó la capitalina Plaza 5 de Mayo, frente al Parlamento, con lemas y pancartas contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, al viejo estilo del enfrentamiento contra la entonces Fuerzas de Defensa (ejército).
El detonante de las exigencias fueron polémicas modificaciones de los diputados a las normas electorales recién consensuadas con la llamada sociedad civil organizada, representantes de partidos políticos, el Tribunal Electoral y otros actores, con la ausencia notoria de la masa de electores.
TRIBULACIONES DEL GOBIERNO
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo arribó el pasado 1 de julio a sus dos años de mandato con un balance de éxitos en el control de la pandemia de Covid-19, pero enfrentado a escándalos de corrupción y reclamos de transparencia, opinaron analistas.
A diferencia de administraciones anteriores, la actual está desligada del Partido Revolucionario Democrático que lo llevó al poder, lo cual reconocen dirigentes partidistas, para algunas personas es el origen de que la primera oposición emane de las propias filas de su organización política.
Según Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, las crisis actúan como un potente agente corrosivo de la confianza y las expectativas ciudadanas con los gobernantes, “y en nuestro caso no nos referimos solo a la crisis sanitaria por la pandemia”, sino también a la económica.
Entre los planes pospuestos están los relacionados con la disminución de la pobreza en la que se encontraban 777 mil panameños hace dos años, de acuerdo con cifras oficiales, pero actualmente el desempleo, la informalidad y la contracción de la economía elevó el indicador por encima del millón de personas.
Por otra parte, los últimos crímenes ocurridos a plena luz del día en zonas céntricas de la capital istmeña elevan la crítica sobre la efectividad de la fuerza pública y la necesidad de una estrategia adecuada de seguridad.
VIOLENCIA Y MIGRACIÓN: DOS CARAS DE UNA MONEDA
“Cada día el país está más inseguro”, escribió el periodista local Álvaro Alvarado en su cuenta de Twitter, tema sobre el que ministro de Seguridad Juan Pino aseguró que los crímenes ocurridos, incluso en barrios lujosos, están relacionados “con ajustes de cuentas por el tráfico de drogas”. Al respecto, el director de la Policía, John Dorheim, afirmó que “tenemos estrategias orientadas a contrarrestar los grupos criminales y ver su origen, para trabajar de manera más eficiente”, y a la vez aseguró que las cifras están muy por debajo del período más violento ocurrido entre 2009 y 2010.
Sobre el tema, Jaime Abad, exdirector de la Policía Judicial, consideró que “el tsunami” producido por el crimen organizado superará los esfuerzos que de buena fe los funcionarios acometen en sus instituciones.
Pronosticó que solo un enfoque integral del problema y su enfrentamiento logrará los efectos positivos para la tranquilidad social.
Paralelo a la violencia provocada por pandillas locales y cárteles de la droga en uno de los países de tránsito del narcotráfico internacional, Panamá afrontó en el año por concluir una crisis migratoria sin precedentes que obligó a la firma de acuerdos con Colombia y Costa Rica para controlar el flujo ilegal por ambas fronteras.
Estadísticas oficiales revelan que hasta la fecha más de 121 mil migrantes atravesaron la inhóspita selva de Darién, cifra que según Pino podría incrementarse hasta 150 mil al finalizar 2021.
Durante un reciente recorrido por esa zona fronteriza colombo-panameña, la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, habló de ayuda para atender a quienes están en los albergues.
Asimismo, se conoció que el gobierno estadounidense “donó” 20 millones de dólares con esos fines para distribuir entre los países de Centroamérica y México; similar cifra gastó solo Panamá en lo que va de año.
Cabe señalar que analistas locales consideraron “ridículo” el ofrecimiento, por cuanto esa nación es el destino de la avalancha migratoria que busca el difundido “sueño americano”, campaña surgida en el propio país norteño para demostrar al mundo su supuesta grandeza.
JAQUE A LA COVID-19
Sin embargo, no todo fueron nubarrones en el Istmo, pues la pandemia de Covid-19 demostró que el control es posible con estrategias definidas como el aislamiento, la trazabilidad comunitaria, la campaña de vacunación y el concurso de todos los actores.
Muchos son los médicos e investigadores que dejaron sus rutinas cotidianas para hacerle frente a esta pandemia que en casi dos años cambió la vida de todos, incrementó la desigualdad y la pobreza, tensó la economía y puso a prueba muchas cosas.
La saturación de los hospitales colocó al sistema nacional de salud en una encrucijada, en la cual necesitó incrementar las camas y contratar a 231 médicos cubanos, quienes a juicio del doctor Cosme Trujillo, director del capitalino hospital San Miguel Arcángel, llegaron a Panamá en medio de una situación compleja por el número de contagios, ingresos y fallecidos.
Pese a todas las medidas adoptadas para frenar el avance de la Covid-19, ninguna resultó más esperanzadora como el arribo al país, el pasado 20 de enero, del primer lote de 12 mil 840 bulbos de la vacuna de las farmacéuticas Pfizer-BionTech.
Con esta primera carga, a la cual se sumaron otras, la nación centroamericana inició su campaña de vacunación, la cual reportó hasta noviembre más de cinco millones 964 mil dosis aplicadas para un 79,2 por ciento de la población posible a vacunar con el esquema completo de inmunización.
Por lo pronto el 2021 cierra para muchos panameños con el sabor amargo de la devastación de la pandemia, que provocó pérdidas de seres queridos, empleos, empresas y sueños derrumbados, pero sobre todo con un futuro plagado de incertidumbres.
arb/npg
(*) Corresponsal jefa de Prensa Latina en Panamá
