El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un expediente sancionador, y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para que respondan y tomen medidas, precisó este jueves la agencia Europa Press.
El objetivo de esta regulación es crear un marco más competitivo en el sector europeo al cubrir con las mismas reglas financieras y de control a toda la industria, así como las competencias de los organismos de control, el marco de inversiones y el acceso a infraestructuras.
La nueva legislación europea fue aprobada por los Estados miembros a finales de 2012 y tuvieron hasta junio de 2015 para transponerla a sus leyes nacionales, aunque España sigue sin cumplir esta obligación.
El caso se remonta a mayo de 2020, cuando el ejecutivo comunitario dio el primer paso para iniciar el procedimiento de infracción al remitir a las autoridades españolas una carta de emplazamiento pidiendo explicaciones.
Si tampoco la segunda fase iniciada este jueves da resultados, Bruselas podrá elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Junto a España han sido apercibidos del mismo modo Austria, Grecia y Luxemburgo.
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