En un mensaje de Twitter, Ávalos fijó para el 14 de diciembre próximo la declaración del mandatario quien, por su investidura, puede optar por recibirla en el palacio de gobierno para el efecto, como hicieron anteriores gobernantes en situaciones similares.
Según la constitución, el mandatario no puede ser investigado ni acusado sino después de terminar su mandato quinquenal y previa autorización del Congreso de la República.
El principal investigado en el caso, Bruno Pacheco, es investigado por presunto tráfico de influencias, tema por el cual renunció al cargo de secretario general de la Presidencia de la República el 24 de noviembre último.
La indagación se origina en que los exjefes del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, lo acusaron de presionarlos para ascender al grado de general a coroneles que, alegaron, no estaban calificados para la promoción.
Ambos lanzaron las imputaciones el mes pasado, tras ser relevados por el presidente Castillo, quien ejerció así sus facultades de capitán general de las Fuerzas Armadas, cuando solo llevaban tres meses en el cargo.
El caso involucró también al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, quien negó que la intervención del gobierno en los ascensos militares y argumentó que los propuestos presentados por los mandos castrenses fueron aprobados sin alteraciones.
Pacheco es investigado además por gestionar favores para empresarios allegados, ante el superintendente de Aduanas y otras autoridades y ayer se le abrió otra indagación por enriquecimiento ilícito, debido a que tiene más dinero del total de sus ingresos.
Entre las entradas de fondos a Pacheco, la Fiscalía encontró que un chofer a su servicio depositó en su cuenta bancaria 20 mil soles (aproximadamente cinco mil dólares) cuyo origen se investiga.
El jefe de Estado aseguró el pasado martes que “Como jefe de Estado, no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular”.
“Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”, agregó.
El mandatario enfrenta acusaciones y críticas por la revelación de que ha sostenido reuniones con empresarios y funcionarios fuera del Palacio de Gobierno y niega que en las mismas tratara asuntos gubernamentales, los que aborda en la sede presidencial.
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