El primer ministro Najib Miqati aseguró que resolver ese diferendo depende de las instituciones jurídicas y no del Estado, y añadió que “no se puede imponer una solución mediante obstrucciones o coacciones”.
Miqati aspira a que todas las partes asuman un comportamiento adecuado sobre el tema y no existan interferencias.
“Habíamos acordado que el poder judicial es independiente y que cualquier disputa debe resolverse, de acuerdo con los artículos de la Constitución y sin ninguna injerencia política”, agregó.
El Gobierno libanés no sesiona desde el pasado 14 de octubre, a raíz de una crisis creada en torno al desempeño del juez Tarek Bitar, al frente del proceso investigador de la explosión en el puerto de Beirut el año pasado.
Los partidos Hizbulah y movimiento Amal exigen la destitución de Bitar por considerar que politizó la pesquisa con citaciones inadecuadas, según los puntos de vista de las dos facciones políticas.
Por ese motivo, los ministros pertenecientes a esas dos formaciones declinan participar en las sesiones gubernamentales.
De otro lado, el presidente Michel Aoun el partido que fundó, Corriente Patriótica Libre, y otros rechazan la posiciones de Hizbulah y Amal y la estiman injerencia política.
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