La institución solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el respaldo documental y electrónico sobre el tema y, de acuerdo con un comunicado, ordenó el análisis inmediato de las acusaciones emitidas por las magistradas Rixi Moncada y Ana Paola Hall, desde sus perfiles en redes sociales. El propósito de la indagación es determinar la existencia del hecho punible y el grado de responsabilidad de los involucrados en la supuesta adulteración del acta de cierre número 10 mil 134, la cual presenta un delito comicial a favor del candidato a diputado Ebal Díaz, del Partido Nacional.
Representantes del Ministerio Público calificaron como obligatoriedad del Estado la garantía del libre ejercicio del sufragio y el respeto a la voluntad de los ciudadanos en la nación centroamericana y, por tanto, corresponde a ese organismo la acción penal pública.
La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales es el grupo encargado de la investigación y de recibir todos los documentos o actas de cierre en manos de los aspirantes afectados por algún tipo de infracción, en su mayoría, de los Partidos Nacional y Salvador de Honduras.
No obstante, las elecciones generales del pasado domingo, según los asistentes, sectores locales y observadores internacionales, transcurrieron sin incidentes, de manera pacífica y con una participación superior al 68 por ciento, más de tres millones de votantes.
La última actualización del sitio del CNE, correspondiente a las 22:15 (hora local) de este sábado, consolidaba como la primera mujer electa a la presidencia de Honduras a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con la cifra histórica de un millón 460 mil votos.
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