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Advierten a Gobierno de Haití contra aumento en combustibles

Puerto Príncipe, 6 dic (Prensa Latina) La organización Nou pap Konplis (No seremos cómplices) advirtió hoy al Gobierno contra cualquier aumento del precio de los combustibles en Haití y alertó que la medida podría llevar a intensos disturbios sociales.
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Ricardo Fleuridor, portavoz de la plataforma, aseguró que la decisión gubernamental provocaría movimientos violentos con consecuencias incalculables para el país.

Para el activista, el Gobierno debe reducir sus gastos y destinar al tesoro público el presupuesto de inteligencia para así contar con los recursos necesarios que permitan mantener los subsidios de los carburantes en la bomba.

La semana pasada, el ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Odney Ricot Pierre, confirmó que las autoridades evalúan un alza de los precios de combustibles, y aseguró que analizan la mejor estrategia para implementar la disposición sin afectar a los consumidores más vulnerables, la amplía mayoría de los ciudadanos.

El primer ministro Ariel Henry indicó durante la instalación del nuevo Gabinete que el Estado no puede continuar con esa carga en detrimento de los servicios sociales.

Según datos presentados por el titular, el Gobierno pierde 259 gourdes (unos 2,5 dólares) por cada galón de gasolina y 195 gourdes (casi dos dólares) por la misma medida de diésel, costos que ya no pueden ser afrontados por el Tesoro.

“Esto no puede continuar, de lo contrario ni siquiera podremos obtener el combustible”, dijo el neurocirujano y señaló que se invierten unos 30 mil millones de gourdes (unos 300 millones de dólares) para subsidiar los carburantes que se expenden en el país.

En los últimos años las autoridades intentaron aumentar los precios, pero la medida causó dos jornadas de masivas movilizaciones a mediados de 2018 y costó el cargo al entonces primer ministro Jack Guy Lafontant.

Ahora Henry volvió a asegurar que con el importe del subsidio se podrían construir y equipar más hospitales, o garantizar la seguridad a través de la contratación de más agentes policiales.

La disposición es ampliamente impopular, y varias voces señalaron el impacto en los 4,4 millones de personas bajo inseguridad alimentaria cuando aumenten los productos de primera necesidad.

jf/ane

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