Según había adelantado la víspera la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la propuesta de ley busca dar cumplimiento con lo que comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1 de de marzo de trabajar y tratar la cuestión del funcionamiento y la composición del Consejo.
El proyecto ingresó al senado y abrirá el debate primero en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
De acuerdo con la Presidencia, se elaboró “luego de haber escuchado las voces y sugerencias del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público” y, entre otras cosas, propone pasar de 13 miembros a 17, sumando un juez, dos abogados y un representante del sector académico o científico.
Cerruti destacó que de todos los nuevos integrantes que se suman ninguno pertenece al estamento político, y sostuvo que eso permitirá una representación más equilibrada para avanzar en unos de los objetivos centrales del gobierno de recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia y garantizar la independencia del Poder Judicial.
Entre otros puntos, la reforma incorpora la cuestión de género. Al menos dos de los jueces y tres de los representantes del Poder Legislativo deben ser mujeres, y al menos dos de los representantes de los y las abogadas también, y en el caso de los académicos y científicos al menos una debe ser femenina.
“Buscamos lograr el mejor equilibrio y que la sociedad esté representada de la mejor manera posible, y nos parece que este proyecto mejora el funcionamiento hasta el momento”, afirmó Cerruti la víspera.
El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994.
Regulado por la ley, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.
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