El tema suscita controversias en la nación canalera tras el escándalo que suscitaron denuncias y protestas a inicios de este año por abusos infantiles en albergues de menores bajo gerencia privada o de organizaciones benéficas, cuyos responsables esperan por sanciones.
Harding admitió como grave la situación que padecen unos mil 70 menores en 51 hogares de este tipo que necesitan la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y del Ministerio de Desarrollo Social.
Una reunión de la Comisión de la Mujer evaluó recientemente las conclusiones de la experta en derechos humanos, Matilde Luna, quien visitó los albergues y entrevistó a una población de mil 70 niños principalmente de las comarcas indígenas del país, con familias en pobreza extrema, abandonados y sin hogar.
El 69 por ciento de esos centros son mixtos, funcionan por gestión privada y por la inversión que realiza el Estado, por ende, es el momento de revisar que se está haciendo con esos recursos, indicó.
En febrero último una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos cometidos desde 2015 contra decenas de menores, en al menos 14 albergues bajo supervisión de la Senniaf.
El escándalo conmocionó al país y provocó continuas protestas para exigir castigo contra los responsables, encargados de proteger a los niños que acogen esas instituciones, los cuales provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema.
En el país han tenido impacto diversas denuncias como las de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que apuntan además que el personal que labora en esos lugares no es idóneo y adolecen de trabajadores sociales, personal de salud, psicólogos y nutricionistas.
También impugnan la falta de atención de las instituciones del Estado como la Senniaf, juzgados de Familia, fiscalías especializadas y otras relacionadas con la protección de los infantes alojados en albergues. Otras deficiencias encontradas en esos hogares son las dificultades para el acceso a la educación por ausencia de documentación de los niños, además de que en un mismo albergue conviven personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos y población migrante.
El propio Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia solicitó al gobierno, a raíz de los incidentes de inicios de año, no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia y demandó actuar con urgencia.
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