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Descalifican lucha contra la corrupción en Panamá

Panama-Bandera
Panamá, 9 dic (Prensa Latina) Diversos analistas descalificaron hoy la efectividad de las políticas públicas para enfrentar la corrupción en Panamá, uno de los problemas sociales que más preocupa a la sociedad, según encuestas.
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En el Día Internacional contra ese flagelo, establecido por Naciones Unidas en 2003, los investigadores aseguraron que su enfrentamiento deberá ser una lucha de todos, según reflejó el diario La Estrella de Panamá, en su versión digital.

En torno a una reciente evaluación internacional del comportamiento de la corrupción, expertos como Tabaré Albarricini, de la World Compliance Association (WCA), capítulo Panamá, razonaron que la precepción global que se tiene sobre esa lucha descalifica al país en los últimos cinco años.

De acuerdo con un informe de octubre del Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas, «Panamá no ha cumplido de manera eficaz los compromiso suscrito en Lima, Perú, en 2018, cuando la VIII Cumbre de las Américas, denominado “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, precisó el rotativo.

Albarricini afirmó al respecto que hacerle frente a este flagelo es una lucha que necesita de “una voluntad real del Estado y de los políticos para que no caiga en oídos sordos”.

Señaló además que, si no están todos alineados y con el mismo objetivo, que es mitigar el riesgo a la hora de que se produzcan casos de corrupción, “es una tarea titánica y prácticamente imposible”.

De otra parte, en el programa televisivo Mesa de periodistas, del canal TVN; el presidente de la Alianza Pro Justicia, Carlos Lee, comentó que el tema de la corrupción no es nuevo, ha caminado con la historia de la nación, dijo.

Sobre la impronta de los políticos en el asunto, recordó que en los pueblos el candidato a algún cargo era el compadre de todos y el padrino de los niños, porque era la forma de asegurar los votos de la comunidad.

Lee llamó en ese sentido a buscar cómo se reconstruye la cultura local con los elementos necesarios que fortalezcan los principios éticos y morales que sirven de contención a la corrupción existente en el propio sistema.

El abogado y diputado independiente, Juan Diego Vásquez, aseveró a su turno que se debe reafirmar el compromiso pero con normas, en procesos y tareas para enfrentar este flagelo “que es lo que lo que le quita al panameño el recurso que paga”.

“El Gobierno todo lo hace con los impuestos que cobra y los impuestos los pagamos todos. O sea que lo que se roban y lo que dejan de hacer sale de nuestro bolsillo, y nos afecta al privarnos de salud, educación de calidad, agua potable, luz, caminos o carreteras”, añadió.

El legislador recordó que en 2019, la actual administración de Laurentino Cortizo se comprometió a presentar leyes anticorrupción, pero todavía es una asignatura pendiente; y criticó que nadie del Ejecutivo reaccionara a varias iniciativas legales presentadas en la Asamblea Nacional (parlamento). Actualmente, dijo, avanza un proyecto de protección de denunciantes y del conflicto de intereses, que debe entrar en debate en enero próximo.

Los analistas se refirieron además a casos recientes que ponen en dudas esta lucha como el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), en el que el menor de ellos(Luis Enrique) ya admitió culpabilidad en delitos financieros.

En octubre del pasado año, en otro de los escándalos que sacudió al país, los expresidentes de Panamá Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela fueron incluidos en una investigación periodística mundial denominada Papeles de Pandora sobre presuntas cuentas secretas.

El reporte entonces del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, involucró a 336 políticos de 90 países.

De esas personas, precisaron, 298 son clientes de dos bufetes legales panameños, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Trident Trust, el primero de los cuales ha creado al menos 14 mil empresas fantasmas y fideicomisos en paraísos fiscales para unos 15 mil clientes, desde 1996 hasta la fecha.

msm/ga

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