El juez Rafael Martínez resolvió finalmente abrir proceso penal al exgobernante (1990-2000) y a quienes fueran sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga (actual parlamentario), Eduardo Yong y Mariano Costa Bauer y otros involucrados.
A Fujimori, de 83 años, y sus exministros se les imputa el delito de autoría mediata de lesiones graves seguidas de muerte, que configuran violaciones de derechos humanos, porque tenían bajo su control aparatos de poder que cometían esos crímenes.
El proceso está referido a las muertes de Mamérita Mesta, Alejandra Aguirre, Reinalda Betalleluz, María Espinola y Celia Ramos y a la esterilización forzada o con engaños de otras mil 300 mujeres humildes, informó a Prensa Latina María Esther Mogollón, vocera de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.
Mogollón que a esa cifra se agregan cerca de dos mil casos en curso en el Ministerio Público, aunque la cantidad aumentará porque el número real de esterilizadas alcanza a unas 300 mil.
Durante el llamado control de acusación de la Fiscalía, esta verificó que la responsabilidad de los imputados se acredita además por el hecho que el personal médico a cargo de lo que se presentaba como una política de planificación familiar, tenía que cumplir metas bajo amenaza de despido y con estímulos salariales.
El juez que decidió el juzgamiento, Rafael Martínez, suspendió el juicio a Fujimori, quien cumple una condena de 25 años, contados desde su detención en Chile, en 2006, hasta que la Corte Suprema de Chile autorice el proceso en su contra.
Tal permiso es indispensable debido a que el vecino país extraditó al exgobernante en septiembre de 2007 para que sea juzgado solo por crímenes contra los derechos humanos y corrupción.
La decisión del magistrado Martínez fue anunciada tras 24 años de conocerse las primeras noticias sobre la esterilización masiva, aunque la lucha de la víctimas empezó de lleno en 2003, cuando un grupo de ellas llegó a Lima de la provincia surandina de Anta y denunció sus casos.
Otros grupos de mujeres afectadas se organizaron en 12 regiones del país y bregaron incesantemente en busca de justicia y, recuerda su vocera, su causa enfrentó grandes dificultades, como el archivamiento del caso por la Fiscalía en cinco oportunidades.
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