La sentencia del jueves último desestimó el pedido del magnate republicano de mantener oculta la documentación sobre el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, hecho que algunos observadores consideran la mayor embestida de la historia contra la democracia estadounidense.
Los jueces Patricia Millett, Robert Wilkins y Ketanji Jackson denegaron la solicitud de Trump al argumentar, de manera unánime, que el actual ocupante del Despacho Oval, Joe Biden, tiene derecho a negar el “privilegio ejecutivo” que reclamaba su predecesor en el cargo.
“Los hechos del 6 de enero pusieron de manifiesto la fragilidad de instituciones y tradiciones democráticas que quizá habíamos dado por sentadas”, subrayó la conclusión redactada por Millett.
Desde que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció a finales de junio pasado la creación del selecto comité para investigar el suceso, no han cesado las discusiones entre la administración demócrata y Trump.
Biden autorizó a los Archivos Nacionales, institución que custodia esos registros, que facilite toda la documentación, contrario a lo que alega el exgobernante de que si esos datos se publican peligraría la seguridad del país.
En octubre los abogados de Trump iniciaron sus descargos para evitar esa entrega invocando el llamado privilegio ejecutivo, una disposición legal que protege la confidencialidad de determinadas comunicaciones y documentos de la Casa Blanca.
El pasado 9 de noviembre Trump recibió su primer revés cuando la jueza federal Tanya Chutkan concluyó que el panel de la Cámara Baja tenía derecho a disponer de los archivos.
Entre los expedientes hay documentos de Mark Meadows, exjefe de Gabinete de Trump; de su exasesor Stephen Miller y del exabogado adjunto Patrick Philbin.
También pretende bloquear el diario de la Casa Blanca, en el cual constan sus actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas.
El equipo legal de Trump cuenta con dos semanas para poder apelar el fallo ante el Tribunal Supremo de Justicia.
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