Al mismo tiempo, el diario La República reconstruyó, consultando con testigos, lo dicho por Alva con el fin de desacreditar al Gobierno de su país, al extremo que su actitud y su discurso fue considerado insólito y excesivo por legisladores hispanos.
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que sería grave que Alva hubiera cuestionado la legitimidad del mandatario peruano, en los días previos a la vacancia (destitución) del jefe de Estado, pedida por la extrema derecha y fracasada el martes último.
“Tendría que dar un paso al costado, porque no nos representa una persona que sale del país para generar inestabilidad internacional al gobierno democráticamente elegido”.
Agregó el hecho que la titular del órgano legislativo y sus acompañantes viajaron con fondos del Estado, en una delegación que no incluyó a ningún parlamentario progresista, lo cual motiva reproches entre los congresistas.
La legisladora progresista Sigrid Bazán comentó que la situación de Alva, quien niega las acusaciones, tiende a ser insostenible y anunció su apoyo a la moción de censura (destitución) de la titular del Congreso de la República, presentada por el parlamentario Guillermo Bermejo, del partido gobernante, Perú Libre.
La congresista Silvana Robles, también de Perú Libre, declaró que la actuación de Alva en España fue desestabilizdaora y la descalifica, por lo que debe renunciar o pedir disculpas al país.
Según el diario la República, los testimonios recogidos indican que la presidente del Parlamento inició su exposición ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, sostuvo que el Gobierno de su país fue elegido en un proceso cuya limpieza está en duda y tiene funcionarios con pasado delictivo.
La reconstrucción de las afirmaciones de Alva indican que la expositora añadió que hay en Perú un riesgo de golpe de Estado, mediante la disolución del parlamento unicameral, ante lo cual pidió apoyo de los legisladores españoles.
La República citó testimonios que indican que Alva lanzó frases como “gobierno de terroristas”, “ministros incultos” y “asesinos confesos” para caracterizar a la administración de Pedro Castillo.
Agrega que, ante esas afirmaciones, un diputado español del grupo Podemos, manifestó que las mismas constituían una falta de respeto a la soberanía de Perú.
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