Un comunicado del académico Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) estableció que reuniones como la mencionada “no constituyen per se una violación o amenaza al derecho internacional”, aunque deben realizarse con respeto al ordenamiento jurídico nacional.
Añadió que no se trata de un evento oficial y que encuentros similares se han realizado en territorio peruano en 2008, 2009, 2014 y 2018, bajo gobiernos de diverso signo.
Citó también los casos de la Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (nombre originario del continente) en México (2000), Ecuador (2004), Guatemala (2007) Perú (2009) y Colombia (2016).
El texto no mencionó la carta de tres excancilleres y ocho exvicecancilleres, según la cual la cita de Runasur, que iba a realizarse en la ciudad surandina de Cusco, y su promotor, el expresidente Evo Morales, esconden objetivos geopolíticos contra la soberanía peruana.
Los exdiplomáticos pidieron al presidente peruano, Pedro Castillo, que impida la entrada al país de Morales y su declaración coincidió con posiciones similares de políticos de extrema derecha, que previamente declararon persona non grata a Morales en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
La declaración de los exfuncionarios fue criticada por el exconsejero presidencial Alberto Adrianzén, experto en relaciones internacionales, que la consideró “extraña y equivocada”.
De otro lado, una alta fuente diplomática señaló que en noviembre pasado el actual canciller, Óscar Maúrtua, convocado por la citada comisión parlamentaria, declaró que en un Estado de derecho nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe y no hay evidencia de que las actividades de Morales aquí violen la ley.
La fuente consultada indicó que pedir que impida el ingreso al país al exmandatario vecino o afecte sus actividades en el país equivale a incitar al Gobierno a incurrir en ilegalidad.
Señaló que carece de sentido declarar persona non grata al líder boliviano, de gran popularidad en Perú, pues esa medida solo procede para expulsar del país a un diplomático extranjero.
Pese a ello, las comisiones parlamentarias de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional e Inteligencia, que albergan a exmilitares de extrema derecha, insistieron en pedir al Gobierno que declare non grato al exmandatario vecino.
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