Desde su casa en Limatambo, en la región surandina de Cusco, Zúñiga dijo que la victoria obtenida es un mérito de la firmeza y la valentía de miles de víctimas y la labor de los abogados humanitarios que las apoyaron en su prolongada lucha.
El juez Rafael Martínez dio luz verde al juicio contra el expresidente Alberto Fujimori, bajo cuyo Hobierno (1990-2000) se realizó el programa de esterilización forzosa o con engaños de más de 300 mil mujeres pobres e indígenas, según señaló la vocera de Ampaef, María Esther Mogollón.
El proceso por delito contra el cuerpo y la salud con consecuencia de muerte en varios casos, incluye a los exministros de Salud fujimoristas Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong y a funcionarios menores
La lucha de las esterilizadas se intensificó en septiembre de 2001, cuando 12 mujeres de la provincia de Anta, en la sureña región de Cusco, cansadas de la indiferencia ante su tragedia, marcharon a pie más de mil 100 kilómetros hasta Lima para denunciar lo sucedido ante organismos estatales y medios de prensa.
Entre ellas estaba Sabina Huillca, quien hoy recordó que “caminamos por los ministerios, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los medios de comunicación” y rindió homenaje a las víctimas que desde entonces han sufrido enfermedades o han muerto.
Mogollón señaló que el fallo del juez Martínez resume 16 años de investigación en la Fiscalía de la Nación, donde el caso fue archivado cinco veces y, gracias al trabajo de abogados solidarios, fue reabierto otras tantas, hasta que ayer el juez Martínez dispuso la apertura del juicio por delitos graves contra la vida, en un marco de violación de derechos humanos que configura crimen de lesa humanidad.
Antes de esa decisión el caso fue investigado por la Fiscalía, que obtuvo 182 pruebas de convicción que fundamentaron la autorización de juzgar a Fujimori, Aguinaga, Costa y Yong, cuyos abogados han intentado reiteradamente bloquear la indagación.
Las acciones de los abogados defensores de éstos, según Mogollón, apuntan ahora a impedir que la justicia chilena autorice el juzgamiento de Fujimori, condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Según el tratado de extradición entre Perú y Chile, cualquier nuevo proceso requiere de la luz verde de la Corte Suprema del país sureño, anotó la vocer, al señalar que a los abogados de las víctimas les espera una nueva lucha para que el exgobernante sea juzgado.
Sabina Huillca advirtió que hay otra batalla por pelear, para que el Gobierno actual responda sobre las demandas del pago por el Estado, de reparaciones a las víctimas.
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