La primera ministra, Mirtha Vásquez, dijo que las imputaciones a Alva, basadas en varios testimonios, son delicadas porque le señalan declaraciones contrarias a la democracia y hay que esperar el informe anunciado para esclarecer el grave asunto.
Legisladores de diversas fuerzas piden la censura (destitución) de la titular del Parlamento por su actuación en Madrid.
Preguntada al respecto, Vásquez expresó que, de confirmarse las acusaciones, sería tan grave que Alva podría ser acusada de violación constitucional.
La Cancillería informó que ha requerido a la embajada de Perú en España información sobre lo ocurrido en la reunión de una delegación parlamentaria con la comisión de Asuntos Exteriores realizada en Madrid, en la cual, según participantes, Alva puso en duda la legitimidad del gobierno de Pedro Castillo.
El breve anuncio de la Cancillería afirma que esta “actuará bajo el principio de transparencia y, en estricto respeto a los ciudadanos peruanos, dará cuenta de lo sucedido”.
La prensa local da cuenta de un funcionario de la embajada peruana que acompañó a Alva en la reunión y avaló su negativa frente a las imputaciones, pero también cita testimonios de varios legisladores españoles que las respaldan.
La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, opinó que sería grave que Alva hubiera cuestionado la legitimidad del mandatario peruano en los días previos a la vacancia (destitución) del jefe de Estado, pedida por la extrema derecha y fracasada el martes último.
“Tendría que dar un paso al costado, porque no nos representa una persona que sale del país para generar inestabilidad internacional al gobierno democráticamente elegido”, manifestó Boluarte.
En el Congreso hubo, por otra parte, expresiones de malestar por el hecho de que Alva no incluyó en la delegación a ningún parlamentario progresista.
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