La alianza progresista y su Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), señaló que el reciente fallo de la Corte de Westminster (Reino Unido) que habilita la extradición de Assange a Estados Unidos, no solo es un grave error judicial que pone en peligro su vida, sino una decisión que sienta graves precedentes en la vulneración del derecho humano a la libre expresión y a la información.
«El material publicado por WikiLeaks, proporciona pruebas fehacientes e irrefutables sobre el protagonismo y responsabilidad de políticos, diplomáticos, militares, empresarios, principalmente de Estados Unidos, en decisiones y acciones que tuvieron un fuerte impacto en la política interna de diversos Estados a nivel mundial», precisa el Grupo en un comunicado. Asimismo, subraya que estas dan cuenta de procesos de extorsión, espionaje, operativos encubiertos, desestabilización e incluso de ataques armados en contra de civiles. Hasta la aparición de estos documentos, el Estado estadounidense se reservaba el derecho a definir el tiempo y los contenidos de los documentos que pueden ser mostrados al público en general (y cuáles permanecerán ocultos).
La alianza, a la cual pertenecen personalidades progresistas de 17 países, precisó que paradójicamente, en vez de ser aplaudido, el acto de WikiLeaks desató una serie de castigos que incluyen la judicialización, denigración, desmoralización, estigmatización y criminalización de Assange, privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad para terroristas.
«Este proceso de humillación y denigración, trasciende definitivamente a un individuo, para transformarse en un correctivo a nivel internacional, mostrando paso a paso la crueldad a la que puede llegar el sistema instituido, para evitar que alguien se atreva a hacer algo similar. En última instancia, busca paralizar el instinto y el derecho a la búsqueda de la verdad, infundiendo miedo», acotó en el comunicado el Grupo.
El documento, rubricado por 44 personalidades, entre ellas cuatro expresidentes, remarcó que el Estado estadounidense solicita la extradición de Assange porque supuestamente representa una amenaza a la seguridad nacional.
Al haber accedido a este pedido, la justicia británica refuerza la extraterritorialidad del brazo jurídico estadounidense, que por vías legales, ilegales, directas o indirectas y logra intervenir en procesos judiciales en otros Estados.
Esta estrategia forma parte de verdaderas guerras jurídicas, libradas contra aquellos definidos como enemigos políticos en diferentes puntos del planeta, concluyó el Grupo de Puebla.
El fundador de WikiLeaks está encarcelado desde abril de 2019, cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno le revocó la protección diplomática tras siete años de confinamiento en la legación de Ecuador en Londres.
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