De acuerdo con el diputado José Figueroa, el recién electo órgano parlamentario, que comenzará sus funciones en el venidero mes de enero, mantiene esta premisa, contenida en el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde la década de 1970.
“Una de las grandes virtudes de la realidad política en nuestro país es que tenemos un órgano legislativo con una bancada mayoritaria del gobernante FSLN y diputados comprometidos con los intereses del pueblo”, aseguró Figueroa en declaraciones a Prensa Latina.
A su juicio, existe un trabajo armónico y coordinado con la administración encabezada por el presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo para el impulso de los programas contra la miseria y la pobreza extrema, objetivos prioritarios dentro de las políticas sociales.
Otro de los frentes mancomunados en la nación es la recuperación económica tras el intento de golpe de Estado en 2018, el impacto de los huracanes Eta e Iota en 2020 y las consecuencias negativas de la crisis sanitaria mundial asociada a la pandemia de la Covid-19.
“En la Asamblea aprobamos una reforma profunda a la Ley de Concertación Tributaria para que aquellos ciudadanos con mayor poder adquisitivo pagaran más impuestos. De tal manera que, actualmente, existe equidad respecto a la entrega de gravámenes”, aseguró Figueroa, secretario ejecutivo de la Bancada Sandinista.
Mencionó la materialización de aquellos planes relacionados con la salud y la educación gratuita, los programas de inversión en carreteras, puertos y aeropuertos y la puesta en marcha, mediante contratos de préstamos internacionales, del acceso al agua potable y el saneamiento.
Recientemente la Procuraduría General de la República informó sobre la entrega de títulos de propiedad a 41 mil familias en la Costa del Caribe, el 30 por ciento de los documentos otorgados por la institución a nivel nacional (553 mil) desde el retorno a la presidencia del FSLN hace más de una década.
Esa iniciativa también involucra a la Asamblea Nacional, reconoció el parlamentario, sumado a legislaciones como la del Presupuesto General que ayudan al cumplimiento de las funciones en las estructuras del poder judicial, universidades públicas y otras instituciones asociadas al crecimiento económico.
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