Desde el pasado día 6, Cali-Tzay estudia los procesos de consulta establecidos para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas o proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos.
Asimismo, presta atención a las preocupaciones planteadas por las amenazas y los ataques a los defensores de los derechos indígenas, así como examinará una serie de cuestiones que afectan a los pueblos indígenas.
Entre estos sobresalen el autogobierno, los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y cambios climáticos, los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños indígenas, los indígenas con discapacidades y las repercusiones de la Covid-19.
De sus primeros siete día en Costa Rica destaca el encuentro de Cali-Tzay el viernes pasado con una veintena de representantes de diferentes entidades del gobierno, quienes le presentaron los avances y desafío de la agenda oficial con las comunidades indígenas, entre ellos el Plan de Recuperación de Territorios y su financiamiento.
Sobre esa cita, Casa Presidencial señaló que el Relator de la ONU conoció trabajos en materia de conservación ambiental y desarrollo sostenible, protección social, acceso al agua potable, educación y protocolo de atención ante la pandemia, entre otros.
El viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, afirmó que el trabajo realizado en los últimos años ha dado respuestas a deudas que datan de décadas atrás y apuntó que «no dudamos que la visita del Relator nos permitirá seguir avanzando en la validación de los derechos de los pueblos indígenas del país, tal como es nuestro compromiso».
Sin embargo y a propósito del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, una declaración de organizaciones de diferentes países y ticas asegura que en este país persiste la indolencia por parte de los poderes del Estado para brindarle protección a las comunidades indígenas ante las vejaciones y amenazas de muerte de las que son víctimas.
Denuncia que la independencia de España «no condujo, lamentablemente, al cese del saqueo y del irrespeto a la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas. A lo largo de estos dos siglos, se han mantenido el racismo, la discriminación y la violación de sus derechos».
Por ello, llama al Estado a reconocer la autonomía de las comunidades indígenas, para que, en el futuro, Costa Rica no tenga que avergonzarse por la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios ni de ningún otro grupo humano.
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