El legislador de la bancada de extrema derecha Fuerza Popular preside la comisión de Fiscalización, que abrió la pesquisa y es uno de los más vehementes opositores del presidente Pedro Castillo, a quien el grupo, bajo mayoría adversa al Gobierno, pretende investigar.
Su retiro de la indagación y del citado cargo fue pedido por la bancada del Partido Morado, en una carta a la presidenta del Congreso de la República, la también opositora María del Carmen Alva.
La solicitud invoca el reglamento del parlamento unicameral, que impide integrar la comisión de Fiscalización a quienes se encuentren comprendidos en algún proceso penal y Aguinaga es uno de los acusados en el juicio abierto la semana pasada por la esterilización masiva de más de 300 mil mujeres pobres e indígenas.
Aguinaga se niega a renunciar alegando que lo ampara la presunción de inocencia, pues no ha sido condenado y alega inocencia, pero el reglamento legislativo considera que, aun antes de la sentencia, quien esté procesado debe alejarse de la comisión de Fiscalización.
Otros argumentos que impugnan al parlamentario señalan que carece de objetividad y ha adelantado opinión sobre el caso de las denuncias de gestiones gubernamentales para promover ascensos de determinados oficiales de las Fuerzas Armadas.
El legislador sostuvo que en el caso hay “un torbellino incontrolable de delitos que involucran al presidente de la República”, los cuales definió como tráfico de influencias y uso indebido del cargo.
El programa de esterilización masiva se realizó bajo el Gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), principal acusado en el citado juicio y de quien Aguinaga fue ministro de Educación, al igual que otros dos imputados, Eduardo Yong y Marino Costa.
Fujimori cumple, además, cumple una pena de 25 años de cárcel que se cuenta desde fines de 2005, cuando fue detenido a su llegada a Chile desde Japón, cinco años después de su fuga del país, cercado por un escándalo de corrupción.
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