Después del hecho supimos que nuestro hijo se encontraba entre los muertos, esperamos el entierro, pero fue en vano, expresó un padre citado por los informativos locales al cumplirse nueve días del cortocircuito que afectó tres cuartas partes de la prisión de Gitega, la capital.
Igualmente, los familiares se quejaron de no tener acceso a los cuerpos y algunos representantes legales dijeron que el Estado debió ocuparse de los funerales.
De hecho, el vicepresidente del país, Prosper Bazombanza, declaró después de la tragedia que el ejecutivo se encargaría del entierro de los finados y de pagar la factura de asistencia sanitaria de los casi 70 lesionados.
El antiguo fiscal de la cárcel Tatien Sibomana criticó el hacinamiento en la institución pues hay mil 500 reclusos en un espacio diseñado para 400, por lo que sugirió alternativas de libertad para aquellos que cumplieron una parte de la condena sin registro de indisciplinas.
Datos de la administración penitenciaria burundesa dieron cuenta que el pasado 26 de noviembre en los 11 establecimientos de la pequeña nación africana había 12 mil 878 reclusos y solo una capacidad para cuatro mil 924.
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