La advertencia al organismo que controla las finanzas del Gobierno surge ante las objeciones surgidas desde distintos sectores afectados, por entender que lanza a la miseria a un mayor número de trabajadores y no contar con un programa de desarrollo del país.
Taylor Swain, responsable de atender la bancarrota de esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes bajo el dominio colonial de Estados Unidos, estableció que de no hacer cambios, la junta fiscal debe explicar las razones.
La orden, emitida en la noche del martes, obliga a los integrantes de la JSF a reunirse previamente con las partes interesadas, incluida la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico.
El organismo impuesto por Washington en 2016, tras la aprobación de la ley federal Promesa, tiene hasta el próximo lunes para responder a la orden de la jueza federal, en tanto que la Aafaf debe enviar sus reacciones tres días después.
La jueza Swain desea que la Junta de Supervisión Fiscal aclare el alcance de su objetivo al pretender dejar sin efecto una veintena de leyes puertorriqueñas, incluidas disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico.
Además, la JSF pretende determinar qué leyes aprueba la Asamblea Legislativa y sanciona el gobernador de Puerto Rico, aparte de exigir que se dé paso a cualquier emisión de deuda que se determine hacer para beneficio de los acreedores del país.
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