De acuerdo con el texto, las modalidades más frecuentes son la explotación sexual comercial y la servidumbre y, en los últimos años, el país centroamericano experimenta un incremento en los casos de pornografía infantil relacionados, precisamente, a esos delitos penales.
El texto denominado Caracterización psicosocial de las mujeres víctimas de trata de personas, apunta cómo, debido a la crisis causada por la pandemia Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, aumentaron las condiciones de vulnerabilidad de la ciudadanía y exacerbaron la realidad de quienes ya estaban en ese estado.
El informe reconoce al sistema patriarcal como un factor de riesgo común pues normaliza la explotación de sus cuerpos y las vidas de ellas y advierte que niñas y adolescentes son obligadas por sus victimarios a participar en actos ilícitos y en la explotación sexual a lo interno de grupos criminales.
La investigación considera a Honduras como un país de origen y tránsito para la ocurrencia de esos fenómenos sociales, relacionados en su mayoría a las condiciones de fragilidad económica y “al interés desmedido de personas que lucran mediante la comercialización de seres humanos».
El estudio manifiesta que los tratantes conocen las necesidades de sus víctimas y crean lazos afectivos con ellas y evalúa la asociación entre la trata de personas y otros delitos como el lavado de dinero, la defraudación tributaria, el cohecho, sobornos a funcionarios y tráfico ilícito de migrantes.
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