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Otro alcalde boricua recibió sobornos a cambio de contratos

San Juan, 17 dic (Prensa Latina) El exalcalde Luis Arroyo se convirtió hoy en el cuarto funcionario que se declara culpable de corrupción ante las autoridades federales de Estados Unidos en Puerto Rico.
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A pesar de perder en 2016 el control del ayuntamiento de Aguas Buenas (centro), a cuya alcaldía llegó en 2005, Arroyo recibió mensualmente cinco mil dólares hasta junio de 2021, para una cifra global superior a 300 mil dólares, por el contrato que le otorgó a Waste Collection.

Para cobrar el dinero del empresario Oscar Santamaría Torres, figura influyente en el Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, el exintendente de Aguas Buenas firmó en 2016 un contrato por 10 años con la empresa de recogido de desperdicios.

Arroyo, de 71 años, desarrolló su carrera política en el Partido Popular Democrático (PPD), que durante el último medio siglo se ha alternado el control administrativo de Puerto Rico con el anexionista PNP.

El político se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un esquema de soborno y se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, según informó W. Stephen Muldrow, a cargo de la fiscalía federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Como parte de las pesquisas anticorrupción que conduce la oficina de campo del Buró Federal de Investigaciones, ya fueron arrestados tres alcaldes y un vicealcalde.

Con excepción del alcalde de Guaynabo Ángel Pérez, que además presidió hasta su arresto la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, los demás imputados por esquemas similares se declararon culpables.

Este es el caso de Félix Delgado, del pequeño municipio de Cataño, ubicado en el lado sur de la bahía del Viejo San Juan, quien hasta principios de diciembre hizo ostentación de lujos, evidencia de los dos mil dólares que recibía cada semana, con lo que duplicaba su salario anual.

El vicealcalde de Trujillo Alto Radamés estableció un acuerdo que le permitió recibir 200 mil dólares y una suma mensual fija superior a los 17 mil dólares.

Benítez Cardona se declaró “no culpable” y de ser hallado responsable de los hechos que se le atribuyen se expone a una pena máxima de 35 años de prisión y restitución de parte de lo robado.

acl/nrm

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