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La Covid-19 puso de rodillas a Guatemala en 2021

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Guatemala (Prensa Latina) Estados de Calamidad Pública y crisis hospitalaria por una implacable tercera ola de la Covid-19 marcaron este 2021 a Guatemala y, por extensión, al segundo año de Gobierno de Alejandro Giammattei.
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El 14 de enero, ante el Congreso de la República, el jefe de Estado rindió un informe que sacó a luz dos miradas, la complaciente con su mandato, y la de la ciudadanía, muy crítica por la decepción.

Y es que en los planes de Giammattei no contaba un enemigo silencioso que llegó el 13 de marzo del pasado año para trastocarlo todo y sacar poco a poco a la luz la cara de un gobierno oculta bajo la euforia de los primeros discursos.

Pero si bien el 2020 fue convulso, este año la Covid-19 se ensañó con más fuerza, al punto de poner realmente en jaque el débil sistema sanitario y cerrar el pasado 8 de diciembre con más de 16 mil fallecidos, la cifra más alta de Centroamérica.

En contraste, 4,3 millones de personas cuentan hasta mediados de diciembre con la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad, el estimado más bajo de la región, de una población meta sobre los 10,5 millones de habitantes.

También la aceptación popular del mandatario fue en picada en el transcurso de este año, de un 80 por ciento cuando llegó al poder pasó a 25 por ciento a principios de enero para situarse a esta altura en solo 40 por ciento, en gran medida por el deficiente manejo de la pandemia y los enormes recursos destinados por el Congreso para combatirla.

Las duras restricciones a la movilidad durante abril y mayo de 2020 (toques de queda y cierres temporales) evidenciaron rápidamente un secreto a voces, el de ser uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y población en la informalidad (80 por ciento), la más golpeada por la crisis sanitaria y económica.

Entonces, conforme crecieron los contagios y muertes, el depauperado sistema sanitario público explotó por la sobrecarga de pacientes y con solo 0,4 médicos por cada mil habitantes.

Sin embargo, lo peor estaba por venir, porque la Covid-19 siguió aplastando vidas y proyectos en 2021, pasando factura en todos los ámbitos.

DESDE QUE SONARON LAS PRIMERA ALARMAS

A finales de enero, sonaron las primeras alarmas: los hospitales generales más grandes del país, el Roosevelt y el San Juan de Dios, con la sobrecarga de la atención de pacientes, registraban un 102 y 114 por ciento de ocupación, respectivamente.

Uno de sus directores llegó a decir que “la pandemia los tenía de rodillas”, sin sospechar la debacle a futuro.

El Ministerio alertó que el relajamiento de las medidas, muchas de ellas violadas por las fiestas de fin de año 2020, podría ocasionar muy pronto el colapso de hospitales temporales y nacionales ante cifras de infectados por encima de mil diarios y un pico de mil 809.

Ante una escalada difícil de soportar por un personal médico escaso y además agotado, la ministra de Salud, Amelia Flores, anunció el primer conjunto de disposiciones (reducción de horarios de mercados) para bajar la curva y lograr que las pocas camas disponibles alcanzaran.

A finales de febrero, y con vacunas donadas -a pesar del dinero aprobado por el Congreso para compras directas-, dio inicio el plan de vacunación, tan criticado por su lentitud, desorden e irregularidades, como el manejo de la crisis de salud en su conjunto.

Terminaba marzo y Guatemala rozaba los siete mil fallecidos con el temor de un rebrote después de la Semana Santa, lo cual, en efecto, sucedió, a pesar de que fueron prohibidas por segundo año consecutivo las tradicionales procesiones para evitar más contagios.

A inicios de abril, ya eran cuatro los hospitales desbordados, y el día 16, el Gobierno reaccionó con un Estado de Prevención para intentar controlar la implacable tercera ola con la cepa californiana del coronavirus SARS-CoV-2 en el territorio, la cual llevó a limitar la entrada de viajeros.

El semáforo epidemiológico -en marcha desde septiembre de 2020 para regular las actividades sociales y productivas-, marcó entonces 131 municipios en rojo (alerta máxima) de 340 en total.

El 30 de abril, el periódico Prensa Libre resumía con un gran titular la situación imperante:

«Pocas vacunas y un deficiente plan de vacunación: las realidades que acechan a Guatemala frente al Covid-19», un análisis sobre el pobre avance de la inmunización en relación con países vecinos.

Los cuestionamientos apuntaron también a la inexistencia de campañas con pertinencia cultural en las áreas rurales, donde los mayores de 70 años (fase abierta el 4 de mayo) declinan vacunarse o desconocen el programa.

«Las preciadas dosis contra el Covid-19 para frenar la pandemia han llegado a Guatemala a cuenta gotas, lo que le impide al Gobierno anunciar una campaña masiva», hasta finales de mayo solo dos mil 535 personas contaban con el esquema completo, un 0,3 por ciento de la población.

Ante las críticas cada vez más fuertes por parte de la oposición, organizaciones civiles y hasta empresariales, Giammattei responsabilizó al 75 por ciento de los países ricos del acaparamiento actual, que deja al otro 25 por ciento en una lucha desigual.

Para el 12 de agosto, la promesa del presidente de construir el intensivo más grande y mejor equipado de Centroamérica generó más cuestionamientos. Fotos del hospital temporal Parque de La Industria totalmente colapsado, con pacientes dependientes de oxígeno sentados o acostados en el suelo, levantaron una ola de indignación social.

COLAPSO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

Las imágenes mostraron una vez más el colapso del sistema de salud público a pesar de las ampliaciones en camas e infraestructura (se acondicionaron cinco hospitales temporales) y ahora más por la presencia de la variante Delta, de elevado contagio.

El impacto fue tal que el Ministerio emitió un comunicado confirmando la veracidad de la información y que el Parque de la Industria era solo “una muestra de la cruda realidad del momento actual en los hospitales del país”.

Sin embargo, la justificación no convenció a los guatemaltecos, quiénes ante el evidente olvido, salieron a cuestionar al jefe de Estado con la ya recurrente pregunta «¿Dónde está el dinero?», en referencia al millonario presupuesto aprobado por el Congreso para enfrentar la pandemia desde marzo de 2020.

Otra vez la solución oficialista fue acudir al Estado de Calamidad Pública por 30 días y un toque de queda nocturno (a partir de las 22:00 hora local) para contener el rebrote y el imparable ritmo diario de casos (ya por encima de los cuatro mil), así como viabilizar la adquisición de productos y medicamentos de forma más expedita y efectiva.

El semáforo volvía a pintar al país prácticamente de rojo con un 77 por ciento del territorio en alerta máxima. En cadena nacional, el 13 de agosto, Giammattei apelaba a la unidad para preservar la vida, y aclaraba que las manifestaciones no estaban prohibidas siempre con respeto a las medidas de distanciamiento, ante el anuncio de movimientos sociales de salir nuevamente a las calles para exigir su renuncia.

Lejos de contentar, las nuevas disposiciones ahondaron el debate sobre el manejo de la pandemia y los recursos en manos del gobierno, pero, sobre todo, la polémica se centró en la oposición a restringir otra vez garantías constitucionales e implantar un toque de queda mayoritariamente en horas de la madrugada.

La división llegó tan lejos que el propio Congreso, hasta entonces complaciente con las medidas ejecutivas, no logró aprobar el decreto de Calamidad Pública de urgencia nacional y después de un segundo intento del Gobierno por reformar el texto y volver a los diputados, estos lo echaron por tierra.

El 1 de septiembre, la imposibilidad del hospital temporal Parque de la Industria de recibir más pacientes, reflejó la escalada de la crisis, al llegar a su máxima capacidad de atención.

Un día después, el jefe de Estado volvía a insistir con una propuesta de Estado de Calamidad Pública, con toque de queda parcial para restringir la movilidad y dar un respiro al sistema hospitalario público; no obstante, seis días después y en una tercera sesión maratónica, el Congreso dejó sin efecto la medida.

En su lugar, aprobó una semana más tarde una ley de Emergencia para atender la Covid-19, facilitar la adquisición rápida de medicamentos, bienes, suministros y la contratación de servicios técnicos y profesionales con fondos públicos.

Desde octubre último, y con el avance de la vacunación (ya comenzó para menores entre 13 y 17 años), la pandemia da un respiro a hospitales y personal médico; no obstante, el temor está latente ante la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año.

arb/mmc

(*) Corresponsal jefa de Prensa Latina en Guatemala

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