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Departamento de Justicia de EEUU ante el dilema Mark Meadows

Washington, 20 dic (Prensa Latina) El voto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para acusar al antiguo jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows de desacato pone hoy en tres y dos al Departamento de Justicia (DOJ).
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Según comentarios de prensa, la dependencia federal tendrá que sopesar las importantes consecuencias legales y políticas que acarrearía el hecho de romper con la antigua política del poder ejecutivo.

La postura del DOJ durante décadas, tanto en las administraciones demócratas como en las republicanas, fue apoyar la inmunidad testimonial de los asesores cercanos al Presidente cuando se enfrentan a las citaciones del Congreso, señaló el diario The Hill.

Esa es la misma política que Meadows y sus abogados señalaron al negarse a presentarse a una declaración, apuntó la publicación.

Acusar a Meadows de desacato al Congreso por desafiar las citaciones del Comité Selecto de la Cámara Baja que investiga el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero representaría un alejamiento de esa tendencia histórica.

Por largo tiempo el DOJ adoptó la opinión de que los asesores cercanos al Presidente son absolutamente inmunes a la citación del Congreso, que no tiene capacidad para obligarlos a testificar, dijo Jonathan Shaub, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Kentucky.

Esa es la doctrina -subrayó- con la que lidiará «a la hora de decidir si se le procesa».

Pero la orden del mandatario Joe Biden de renunciar al privilegio ejecutivo sobre el testimonio y los registros de Meadows relacionados con el ataque a la sede del legislativo hace más de 11 meses simplificará la elección a la que se enfrenta el Departamento de Justicia.

Los tribunales rechazaron en dos ocasiones las reclamaciones de inmunidad testimonial que Meadows trata de hacer valer.

Antes lo hicieron cuando un juez federal de distrito dictaminó en 2019 que el exasesor de la Casa Blanca Don McGahn tenía que cumplir con una citación de la Cámara de Representantes como parte de una pesquisa de impugnación al entonces presidente Donald Trump, recordó The Hill.

Si bien el Tribunal Supremo establece que los exocupantes del Despacho Oval tienen cierta autoridad para reclamar la confidencialidad de sus expedientes, proporcionó hasta ahora poca orientación sobre cómo deben resolverse las disputas cuando un exmandatario y un gobernante en ejercicio no están de acuerdo, advirtieron analistas.

Durante el ataque al Capitolio enfurecidos seguidores del republicano trataron de anular la victoria electoral de Biden, como consecuencia cinco personas murieron, de ellas un policía, y decenas de agentes de seguridad resultaron heridos.

mem/dfm

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