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Diputados de Uruguay cuestionan inclusión social de adolescentes

Montevideo, 20 dic (Prensa Latina) La Cámara de Diputados de Uruguay se enfocó en denuncias críticas en torno a los adolescentes privados de libertad a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social (Inisa)

Para ello convocó a comisión general al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Martín Lema, blanco de críticas por el sindicato del organismo y del Frente Amplio, por disminuir el alcance de la labor institucional.

La bancada frenteamplista recabó explicaciones sobre el funcionamiento del Inisa, asuntos presupuestales y conflictos con adolescentes en distintos centros de reclusión.

La legisladora Bettiana Díaz sostuvo que hay “una situación crítica” y comentó que esto “sucede por el recorte presupuestal y la falta de planificación de esta administración en el Presupuesto Nacional desde el año 2020”, por lo que Inisa llegó a 2021 “con muchas cosas sin hacer”.

Díaz señaló que ello se expresa en la caída de convenios para medidas socioeducativas que tienen que ver con más encierro de los adolescentes y eso genera situaciones muy complejas conflictos que terminan con trabajadores lastimados, adolescentes atendidos por los médicos

La también diputada Cecilia Cairo recalcó que la principal acción que tiene que tener el Inisa es la reinserción de esos jóvenes, pero ya no se pide un nivel educativo mínimo ni una formación específica para los educadores que tendrían que ingresar en la institución.

Ambas mencionaron incompetencias y “los problemas de relacionamiento que tiene el oficialismo”, entre la presidenta de la entidad, Rossana de Olivera, perteneciente a Cabildo Abierto (CA), y la directora miembro del Partido Nacional, y así no hay institucionalidad posible.

Para descomprimir la tensión con el CA, el Poder Ejecutivo transfirió a Etcheverry a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y a su vez la que ocupaba este cargo, Rosario Pérez, será la nueva directora del Inisa en un enroque.

En otros aspectos de la actual gestión del Mides, académicas críticas observaron que ya no se concibe la asistencia como un derecho, sino como “un favor”.

jf/hr

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