Desde el ente comunitario llovieron cuestionamientos al presidente Andrzej Duda, cuyo partido, Ley y Justicia (PiS), pasa por un descenso de popularidad.
Medidas como la prohibición del aborto, así como nuevas normativas aprobadas por el legislativo y que limitan el accionar de jueces y magistrados, fueron cuestionadas por la UE, que a finales de octubre la impuso a este país una multa ascendente a un millón de euros a erogar diariamente por el ejecutivo del primer ministro, Mateusz Morawiecki.
Esto, hasta tanto suspenda la controvertida sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país; la sentencia se extenderá ‘hasta que las autoridades polacas acaten el fallo’.
Por esos días la jefa del ejecutivo regional, Ursula von der Leyen, y Morawiecki, sostuvieron fuertes debates en el seno de Eurocámara en torno a otro tema muy polémico entre las partes.
Ante el Parlamento Europeo (PE) Varsovia condicionó la aceptación de las reformas relativas al cambio climático exigidas por la UE a la aprobación del fondo de recuperación pospandemia.
Primero, los fondos de reconstrucción, después, la discusión sobre el paquete climático, afirmó entonces el viceministro de Relaciones Exteriores Waldemar Duda.
Cabe destacar que este país es muy dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo del carbón que es su mayor fuente de energía pero cuya combustión genera gases altamente contaminantes.
Esa sucesión de acontecimientos elevó las tensiones entre Bruselas y Varsovia, y tanto que llevó a los expertos internacionales a suponer un Polexit (salida del país báltico de la UE, a la que pertenece desde 2004), acción desestimada más tarde por el ejecutivo de Morawiecki.
En ese escenario y en actitud solidaria el jefe del gobierno húngaro, el ultranacionalista Viktor Orban, arremetió contra el bloque integracionista, al asegurar que Bruselas trata a su país y a Polonia como si fueran sus enemigos.
De esa forma, Orban emergió como uno de los pocos líderes europeos que respaldó a Varsovia, mientras la UE cuestionó en ambos casos violaciones al Estado de derecho, y a Budapest la juzgó además por lo que calificó de “deriva autoritaria” del Gobierno.
La saliente canciller federal de Alemania, Angela Merkel, habló sobre hallar vías para el diálogo porque, según sus palabras, “una cascada de litigios ante el Tribunal de Justicia comunitario no es una solución para el problema”.
PUNTO DE INFLEXIÓN
Pocos días después la cuestión migratoria en la frontera con Belarús cambió las prioridades de la UE y emergió como la presunta tabla de salvación del gobierno polaco.
Las miradas, tanto desde el bloque integracionista como en el interior del país, giraron en torno al conflicto inserto dentro del cúmulo de problemas aún pendientes de solución por los países que conforman la institución.
Miles de irregulares permanecen hasta hoy varados en la zona limítrofe, bajo condiciones climáticas muy adversas, en espera de acceder a la UE mientras el mecanismo regional y otras organizaciones internacionales responsabilizan al gobierno de Minsk.
Tales hechos centran ahora la atención informativa en Europa por una crisis migratoria que amenaza la estabilidad regional, según autoridades de las partes en conflicto.
Ante esa situación el presidente de Belarús, Alexandr Lukashenko, pidió a su Cancillería advertir “a todos en Europa” sobre la respuesta a las sanciones adicionales de la UE, para él “inaceptables”, al ratificar que su país no tiene «ni dinero ni fuerza» para detener el éxodo.
El mandatario estimó además que Varsovia busca pretextos para emplazar sus efectivos más cerca de las zonas limítrofes y ratificó que “responderá con dureza” ante lo que consideró como una provocación desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según reportó la agencia de noticias Sputnik.
Tales sucesos generaron reacciones internacionales; la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Shabia Mantoo, expresó preocupación y disposición para ayudar a la UE a resolver lo que calificó de “problema humanitario”.
Datos aportados por esa dependencia ubican en más de 30 mil las personas que intentaron cruzar de Belarús a Polonia en este año, lo cual llevó a las autoridades de Varsovia a declarar Estado de emergencia, intensificar su presencia militar en la zona limítrofe y recuperar el apoyo de Bruselas.
En ese contexto los mandatarios de tres países centroeuropeos expresaron su solidaridad con Polonia y exhortaron a la UE a intensificar el apoyo para la protección de las fronteras externas.
En una sesión informativa en Budapest, tras conversaciones entre los jefes de gobierno de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, el primero afirmó que la situación en la zona limítrofe llegó más allá de la migración y es ahora “crisis política”.
Lukashenko, en respuesta, estrechó lazos con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien manifestó su preocupación por las acciones de los guardias polacos, al considerarlas “inaceptables y crueles”, según señaló en su momento el servicio de prensa del Kremlin.
Dichas operaciones incluyen el uso de la fuerza y de equipos especiales, y motivaron una conversación telefónica reciente entre el presidente belaruso y la canciller federal alemana en funciones, Angela Merkel, para reducir la crisis y brindar asistencia humanitaria.
El desenlace no parece cercano; las autoridades de Varsovia intensifican los operativos y organizaciones humanitarias calificaron la situación de “crítica”, mientras instaron a las partes a una desescalada de tensiones para socorrer a los migrantes.
Iván Kubrakov, jefe de la cartera belarusa del Interior, afirmó que los irregulares varados en la frontera no violaron la legislación y su presencia en territorio nacional es legal.
Pero el mecanismo regional le tendió la mano a Polonia en detrimento de los indocumentados, víctimas una vez más de la despreocupación y la inacción de los gobiernos comunitarios.
CONTRA LA LEY DEL ABORTO
Mientras eso ocurre bajo la mirada parcializada de la UE, miles de personas se manifestaron a principios de noviembre por toda Polonia en protesta contra la ley de aborto, tras la muerte de una embarazada a la que, según su familia, ese procedimiento podría haberla salvado.
En Varsovia, la marcha comenzó frente al Tribunal Constitucional, que con su sentencia de 2020 ilegalizó la interrupción del embarazo casi en su totalidad, para dirigirse posteriormente hacia el Ministerio de Sanidad.
Los manifestantes que se contaban por miles portaban pancartas con lemas como «Podría estar viva», «Derechos de las mujeres, derechos humanos», así como fotos de la fallecida.
El doble rasero rige las relaciones de la UE con Polonia, un país donde el gobierno ultraconservador bajo la presidencia de Duda, implementa acciones contrarias a la legislación comunitaria.
Aún así recibe apoyo de la OTAN y la UE, ante una crisis donde los más perjudicados son los migrantes abandonados a su suerte.
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(*) Periodista de la Redacción Internacional de Prensa Latina
